Fiscalía de Nuevo León separó familia indígena por falsa acusación

¿Qué ocurre cuando el prejuicio sustituye al protocolo? Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian un patrón alarmante: autoridades que criminalizan la pobreza y la etnicidad. La Fiscalía de Nuevo León, en colaboración con la plataforma Amar a Nuevo León liderada por Mariana Rodríguez, convirtió una escena cotidiana en un falso caso de trata.

El 6 de julio, se anunció con bombo mediático el desmantelamiento de una supuesta red criminal. La evidencia: videos de niños tzotziles realizando malabares en vía pública. Sin investigación preliminar, separaron a los menores de sus progenitores al no poder estos -en condiciones de vulnerabilidad- demostrar inmediatamente el parentesco.

Rodríguez llegó a exigir detenciones ejemplares: “Para sentar precedente”, declaró, sugiriendo sin pruebas delitos sexuales y reclutamiento forzado. Un mes después, las pruebas de ADN revelaron la verdad: era una familia unida, víctima de estereotipos raciales.

Melel Xojobal, organización especializada en infancias indígenas, alerta sobre la criminalización sistemática de la movilidad humana: “Estas detenciones arbitrarias ocurren en un contexto de discriminación estructural y ausencia de protocolos para pueblos originarios”.

La exfuncionaria Ximena Peredo no tuvo medias tintas: “Es una vergüenza institucional. O improvisación política o complicidad en una narrativa mediática”. Mientras, la CEDH exige capacitación intercultural urgente para evitar que el sistema judicial repita patrones coloniales de criminalización.

Reflexión disruptiva: ¿Y si en lugar de perseguir supervivencias económicas, las fiscalías invirtieran en bridges culturales? Este caso evidencia cómo el racismo institucional fabrica delitos donde solo hay pobreza. La verdadera red a desarticular es la de prejuicios que convierten diferencias culturales en sospechas penales.