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Guanajuato y San Luis Potosí rompen paradigmas con alianza de seguridad

Dos estados unen fuerzas con un enfoque jurídico-operativo inédito para frenar la criminalidad transfronteriza.

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¿Qué pasaría si los estados dejaran de actuar como islas burocráticas? Libia Dennise García y Ricardo Gallardo responden con un pacto revolucionario que convierte las fronteras en puentes de cooperación. Este no es otro acuerdo protocolario: es un laboratorio de gobernanza colaborativa donde la inteligencia artificial y los datos compartidos podrían convertirse en los próximos aliados contra el crimen organizado.

Mientras otros discuten jurisdicciones, estos gobiernos rediseñan el mapa de la seguridad con un modelo que anticipa el futuro: operativos sincronizados, bancos de datos unificados y fiscales binacionales. Imaginen un sistema donde un delincuente que cruce la frontera estatal active automáticamente alertas en ambos estados, como un semáforo inteligente que nunca se apaga.

Gallardo Cardona, visionario del pacto, desmonta el mito de la acción aislada: Estamos creando un ecosistema jurídico donde la impunidad queda atrapada en una red interestatal. La gobernadora García añade una capa disruptiva: Esta alianza es solo el primer paso hacia una red regional de seguridad que podría escalarse a todo el Bajío.

El acuerdo incluye innovaciones procesales como la validación cruzada de pruebas y órdenes de captura ejecutables en ambas entidades, un concepto que podría inspirar al resto del país. ¿Por qué limitarse a compartir información cuando se pueden compartir capacidades operativas?

En un giro estratégico, la alianza contempla centros de mando unificados y capacitación conjunta de fuerzas civiles, militarizando la prevención sin armas pero con tecnología. Como señala García Muñoz: Compartimos más que kilómetros; compartimos ADN social que ahora se traduce en protocolos de acción.

Este modelo, que podría replicarse en otras regiones, demuestra que la verdadera innovación en seguridad pública no está en más armamento, sino en redes de confianza institucional que convierten límites geográficos en corredores de justicia.

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