La farsa judicial que pretende limpiar siglos de olvido indígena

En un acto que oscila entre la comedia burocrática y el autoengaño institucional, la ministra Yasmín Esquivel Mossa declaró solemnemente que la “colaboración” entre poderes —esa entelequia tan citada como inexistente— resolverá cinco siglos de saqueo, marginación y violencia sistémica contra los pueblos originarios. Todo ello, casualmente, justo antes de que la nueva corte jurara su eterno compromiso con la impunidad.

El escenario elegido fue la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México, donde se aprobó una amnistía para una anciana mazahua condenada por defenderse de su agresor. Un gesto loable, si no fuera porque el sistema celebró como hazaña lo que debería ser la norma: no encarcelar a víctimas de violencia machista. “¡Miren cómo progresamos!”, parecen decir mientras devuelven migajas de dignidad con estruendoso autobombo.

La ministra, experta en retórica vacía, denunció la discriminación estructural que ella misma ha perpetuado desde su cómodo sillón. Habló de salud, alimentación y justicia como si fueran conceptos abstractos, no derechos negados por el Estado que representa. “No podemos desviar la mirada”, afirmó, mientras el presupuesto para comunidades indígenas sigue siendo inferior al de la publicidad oficial.

El discurso culmen llegó con la mención al “rezago social“, eufemismo elegante para describir el apartheid de facto que sufre el 21% de la población mexicana. La solución, según Esquivel, es más “colaboración institucional“, es decir, más reuniones fotogénicas entre élites que jamás han pisado una comunidad sin escolta.

El ministro electo Hugo Aguilar Ortiz completó el cuadro con una perla de sabiduría neoliberal: “Solo habrá paz cuando la justicia llegue a todos”. Brillante deducción, digna de quien descubre el agua tibia después de décadas en el poder. Mientras, los gobernantes indígenas invitados —meros adornos folclóricos en esta ceremonia— escuchaban con sonrisas forzadas, sabiendo que mañana sus tierras seguirán siendo expropiadas para megaproyectos.

El colmo llegó cuando el Tribunal Superior mexiquense habló de “dignificar la justicia” en un estado donde el 93% de los crímenes contra indígenas quedan impunes. ¿Dignificar? Más bien maquillar con lenguaje inclusivo la misma farsa de siempre: justicia para los de corbata, migajas para los de huarache.

La sesión, plagada de fotos protocolarias y discursos autocongratulatorios, demostró que la verdadera deuda histórica no se paga con actos simbólicos, sino con tierras devueltas, presupuestos reales y menos hipocresía en palacios de justicia que huelen a colonialismo rancio.