Diputados del PAN exigen remover a Lord Relojes por presunta corrupción

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum a destituir a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, apodado “Lord Relojes”, tras revelarse la adquisición de un lujoso penthouse en Polanco a un precio sospechosamente inferior al valor real. La transacción, evaluada en 7.7 millones de pesos para una propiedad valuada en 22 millones, ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos.

Con años de experiencia cubriendo casos de presunta malversación, he visto cómo operan estas redes: funcionarios con salarios modestos que, de pronto, adquieren patrimonios inexplicables. Aquí, el patrón es claro. Federico Döring, diputado panista, vinculó a Márquez Hernández con el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de desvío de recursos que beneficiaría a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. “Axel protege el negocio ilegal de Andy”, afirmó, refiriéndose a los viajes internacionales y gastos opulentos del mencionado.

Lo más preocupante, como bien señalan los legisladores, es la inacción. Pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga al funcionario desde hace un año por incongruencias entre sus ingresos y gastos, sigue en el cargo. Döring fue contundente: “Sheinbaum no controla Aduanas, sino López Beltrán”. Esta afirmación refleja un problema sistémico: la impunidad que rodea a figuras clave.

Ernesto Sánchez, otro diputado del PAN, criticó la pasividad de la Secretaría Anticorrupción, tildándola de “elefante blanco”. Señaló los vínculos de Márquez Hernández con Aledo, empresa bajo escrutinio del SAT, y reprochó el silencio presidencial. “Basta de complicidad”, exigió, aludiendo a los viajes internacionales de funcionarios morenistas, incongruentes con su discurso de austeridad.

Este caso no es aislado. Recuerdo otros similares donde la opacidad y los favores políticos impidieron justicia. La demanda de remoción, como la aplicada a Pablo Gómez en la UIF, es un primer paso, pero sin investigaciones profundas y sanciones ejemplares, el mensaje es claro: la corrupción sigue impune.