Guanajuato y San Luis Potosí unen fuerzas contra la delincuencia transfronteriza

Tras décadas de desafíos en zonas limítrofes, los mandatarios Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) y Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) firmaron un protocolo que marca un antes y después en la seguridad regional. Como testigo de cómo la fragmentación institucional beneficiaba a grupos delictivos, este acuerdo materializa lo que siempre fue evidente: la delincuencia no conoce fronteras, pero ahora la justicia tampoco.

El convenio, más que un documento, es un manual de acción inmediata. Incluye desde patrullajes binacionales hasta compartir bases de datos en tiempo real, una lección aprendida tras casos como el de San Bartolo de Berrios, donde la lentitud burocrática permitió que homicidas escaparan por corredores rurales desatendidos. “Las carreteras secundarias eran agujeros negros de impunidad”, reconoció Gallardo durante la firma en el Palacio de Gobierno, recordando cómo camionetas robadas en Guanajuato aparecían abandonadas en SLP con rastros de violencia.

La Gobernadora García Muñoz Ledo destacó el componente de inteligencia colaborativa: “Hemos identificado que el 68% de los delitos en municipios fronterizos involucran cruce interestatal. Este sistema permitirá anticiparse, no solo reaccionar”. La estrategia ya rinde frutos: en los primeros 90 días de prueba redujeron en 40% los robos de transporte en la ruta Villa de Reyes-San Felipe.

Expertos en seguridad que he consultado coinciden: este modelo podría replicarse en otras regiones, pero advierten que requiere sostenibilidad presupuestal y voluntad política más allá de periodos gubernamentales. La verdadera prueba será consolidar lo que hoy inicia como un proyecto prioritario en una política de Estado permanente.