Tribunal federal revoca entrega de hoteles en Yucatán por conflicto legal

En un giro inesperado que desnuda las tensiones en el sector turístico yucateco, el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán ha revertido una polémica decisión judicial. ¿Qué intereses ocultos se esconden detrás de esta batalla legal por dos de los complejos hoteleros más emblemáticos de la región?

Documentos judiciales obtenidos por este medio revelan que la suspensión definitiva beneficiará a Inmobiliaria R4, anulando así la entrega de los hoteles Mayaland y The Lodge Chichén Itzá a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, ejecutada el pasado 18 de junio. Fuentes cercanas al caso advierten que esta resolución podría ser solo el primer capítulo de un prolongado conflicto jurídico.

Testimonios de abogados especializados consultados para esta investigación señalan irregularidades procesales en la decisión de la jueza quintanarroense Silvia Verónica Solís Lizama, quien en abril autorizó el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles ubicados en Tinum. “El Tribunal Colegiado ya había establecido la jurisdicción yucateca”, subraya un experto en derecho mercantil que prefiere mantener el anonimato.

La investigación revela que el origen del conflicto se remonta a agosto de 2020, cuando Inmobiliaria R4 y Barbachano firmaron un contrato de compraventa por 4.5 millones de dólares. Sin embargo, versiones contradictorias emergen: mientras la empresa acusa incumplimiento de pago, Barbachano alega “despojo” – argumento que, según registros judiciales, ha sido sistemáticamente desestimado por múltiples instancias.

La resolución, que ordena a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán ejecutar inmediatamente el nuevo aseguramiento, plantea interrogantes sobre la posible injerencia de poderes fácticos en el caso. ¿Estamos ante un simple incumplimiento contractual o existen intereses económicos mayores detrás de esta disputa por propiedades estratégicamente ubicadas en la zona arqueológica más visitada de México?

Mientras las partes preparan sus recursos legales, analistas coinciden en que este fallo marca un precedente sobre la competencia jurisdiccional en casos transfronterizos dentro del sureste mexicano. La sentencia definitiva del juicio de amparo 1123/2025 podría redefinir las reglas del juego en los litigios empresariales de la región.