México impone aranceles al calzado extranjero para salvar su industria

En un giro digno de una tragicomedia neoliberal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció con solemnidad revolucionaria que México levantará un muro… pero contra zapatos. Sí, esos artefactos que llevamos en los pies se han convertido en el enemigo público número uno de la patria, según el nuevo decreto que equipara las sandalias importadas con una invasión bárbara.

La medida, que impondrá un arancel del 25% a todo calzado sospechoso de ser “extranjero infiltrado”, busca frenar lo que el gobierno llama “contrabando técnico” –término burocrático para describir cómo las empresas maquiladoras jugaban al escondite con el fisco, declarando zapatos como “visitantes temporales” que luego se quedaban a vivir ilegalmente en el mercado nacional.

“Estamos ante un tsunami de suelas apátridas“, declaró Ebrard con rostro de estadista, mientras presentaba gráficas donde los tenis importados aparecían como villanos de caricatura. Según sus cifras, este ejército de calzado sin papeles creció un 159%, obligando a la industria local –que jamás tuvo problemas de competitividad– a reducir su producción en un 12.8%. “Es una guerra desigual”, lamentó, omitiendo mencionar que los consumidores prefieren zapatos baratos.

El secretario denunció con dramático fervor cómo las empresas “mentían descaradamente” al Hacienda, fingiendo que los sneakers solo venían de vacaciones para luego quedarse como migrantes económicos. “¡Ya basta de que nuestros niños usen zapatos que no cantan el himno nacional!”, pareció sugerir entre líneas.

La solución, según este Plan México (nombre que evoca épicas batallas contra invasores), es simple: obligar a todos a comprar zapatos locales aunque cuesten el doble. “Protegeremos a nuestros 130 mil héroes zapateros“, prometió, ignorando que muchos mexicanos prefieren comer tres veces al día antes que calzar patriotismo.

La medida, que entrará en vigor tras publicarse en el Diario Oficial, incluye perseguir a importadores que declaren precios ficticios. “Si dicen que unas botas valen $100 cuando en realidad cuestan $300, ¡eso es terrorismo fiscal!”, exclamó Ebrard, mientras las cámaras capturaban su mejor pose de defensor de la industria nacional… que casualmente lleva décadas sin innovar.

Así, mientras el gobierno celebra su cruzada contra el contrabando técnico, los consumidores se preguntan si no sería más fácil hacer zapatos mexicanos que la gente quiera comprar, en lugar de obligarlos por decreto. Pero eso, claro, sería pedir demasiado en este país donde siempre es más sencillo culpar a los de afuera.