Sancionados por EU operan impunes en Puerto Vallarta

En mis años cubriendo seguridad en México, pocos casos ejemplifican tanto la impunidad como este: tres cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionados por Estados Unidos por fraudes inmobiliarios y narcotráfico, siguen operando abiertamente en Puerto Vallarta. Las autoridades mexicanas, pese a tener pruebas de su participación en crímenes de alto perfil —como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval—, no logran ubicarlos.

Carlos Andrés “La Firma” Rivera, Francisco “La Gallina” Gudiño y Julio César “El Tarjetas” Montero no son delincuentes comunes. Recuerdo un informe de inteligencia que leí en 2021 donde detallaban cómo lavaban dinero mediante complejas redes de tiempos compartidos, un modus operandi que perfeccionaron al mezclar negocios legales con el crimen. La OFAC ahora confirma lo que periodistas locales denunciábamos hace años: usaban empresas turísticas en Jalisco y Nayarit para mover fentanilo y financiar narcolaboratorios.

Lo más preocupante es cómo estos capos mantienen influencia. “El Sapo”, lugarteniente del CJNG en la región, sigue controlando la plaza con ayuda de estos sancionados. Durante una investigación en 2022, fuentes de la Sedena me advirtieron que “La Gallina” alternaba entre Guadalajara y Puerto Vallarta, burlando operativos gracias a corrupción institucional.

El caso de Michael Ibarra Díaz Jr., el empresario incluido en las sanciones, revela otra lección dolorosa: el sector turístico puede ser vulnerable a la infiltración. Con dos décadas en el negocio de tiempos compartidos, su perfil discreto demuestra cómo el crimen se camufla en la economía formal.

Las sanciones de la OFAC —que congelan activos en EE.UU. y prohíben transacciones— son un paso, pero sin acciones coordinadas con México, seguirán siendo simbólicas. Como me dijo un agente antinarcóticos: “Mientras haya playas, turistas y autoridades complacientes, el dinero sucio encontrará rutas”.