Internacional
Juez federal bloquea el acceso de ICE a datos personales de beneficiarios de Medicaid
Un fallo judicial protege la privacidad de millones ante el uso de sus datos médicos con fines migratorios.

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., durante un evento donde se debatió la transparencia de registros médicos.
WASHINGTON, DC. — Un magistrado federal ha emitido una resolución histórica que obliga al Departamento de Salud estadounidense a cesar el flujo de información confidencial —como domicilios y números de Seguro Social— de los 79 millones de afiliados a Medicaid hacia las agencias de deportación.
Esta medida surge tras la revelación de que el HHS había facilitado datos sensibles a funcionarios migratorios en junio, inicialmente en selectos estados. La polémica estalló cuando The Associated Press expuso la práctica, desencadenando demandas de 20 estados para frenar su expansión.
El acuerdo secreto firmado en julio entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permitía consultas diarias a los registros completos de los beneficiarios, sin notificación pública. ¿Hasta dónde puede llegar la vigilancia gubernamental bajo el pretexto de la seguridad nacional?
“Utilizar los datos de CMS para persecución migratoria socava la esencia de Medicaid: garantizar atención médica a los más vulnerables. El Congreso nunca autorizó este desvío de propósito.” — Vince Chhabria, Juez federal en California
Este caso expone una paradoja digital: en la era de la hiperconectividad, ¿dónde trazamos el límite entre seguridad y privacidad? La administración Trump ha impulsado una cruzada sin precedentes para rastrear migrantes, incluso recurriendo a datos fiscales del IRS. ¿Es esta la nueva frontera de la vigilancia masiva?
La orden temporal de Chhabria —nombrado por Obama— congela el intercambio de información en los estados demandantes, incluyendo gigantes como California y Nueva York. Exige al HHS justificar con “argumentación razonada” una política que, según expertos, podría disuadir a comunidades marginadas de acceder a servicios médicos vitales.
Más allá del fallo legal, este episodio plantea preguntas disruptivas: ¿Deberían los datos de salud ser santuarios intocables, blindados incluso contra el Estado? ¿Qué innovaciones en encriptación o blockchain podrían empoderar a los ciudadanos frente al Big Data gubernamental? La revolución de la privacidad podría comenzar aquí.

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