Escándalo en Río Bravo: esposa de regidor y cuatro texanos detenidos por fraude millonario en EE.UU.

Estados Unidos. — Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a cinco residentes del Valle de Texas acusados de fraude electrónico y enriquecimiento ilícito mediante préstamos de emergencia otorgados durante la pandemia de COVID-19.

Entre los arrestados se encuentra Lesley “Ch”, esposa del regidor de Río Bravo, Bernardo “G”, lo que coloca a la administración municipal en el centro de un nuevo escándalo.

De acuerdo con el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, los detenidos son:

Sandra “P” (60), de Rancho Viejo

Lesley “Ch” (42), de Edinburg

Rolando “S” (51), de Harlingen

Bernardo “G” (46), de Edinburg

Edgar “G” (45), de Brownsville

Fraude con apoyos de la pandemia

Los cargos provienen de una acusación formal de ocho apartados que señala que los implicados presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), creados por el gobierno de EE.UU. para apoyar a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria.

La investigación detalla que, de junio de 2020 a noviembre de 2021, los acusados alteraron documentos fiscales y comerciales para inflar solicitudes y obtener mayores recursos. Una vez aprobados, desviaron los fondos para gastos personales, inversiones privadas e incluso criptomonedas, en lugar de destinarlos a nómina y operaciones de negocio.

El daño total asciende a 685,800 dólares, equivalentes a más de 11 millones de pesos.

Ejemplos de desvío

Chávez y Gómez usaron recursos para comprar equipo de imprenta y transferir dinero a cuentas personales.

Solis obtuvo más de 200 mil dólares para sus empresas de organización de eventos, que después destinó a gastos particulares.

Los últimos arrestados, Solis y Chávez, comparecieron este viernes ante el juez federal J. Scott Hacker en McAllen, Texas. Los otros tres acusados ya habían tenido audiencias previas.

Posibles sanciones y repercusiones políticas

Todos enfrentan cargos por fraude electrónico, un delito que en Estados Unidos se castiga con hasta 20 años de prisión y multas de 250 mil dólares.

El caso ha generado repercusiones en Tamaulipas, pues involucra al regidor Bernardo “G”, operador político cercano al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, quien ya enfrenta críticas por los vínculos de su equipo con este entramado financiero ilegal.

La detención de la esposa del regidor y su comparecencia ante autoridades estadounidenses abren un flanco de vulnerabilidad política para el ayuntamiento, e incluso el riesgo de que otros funcionarios sean llamados a declarar.