FGR pide información a periodista tras revelar caso de corrupción en BC

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a la periodista Dianeth Pérez Arreola que colaborara en una investigación por presuntos actos de corrupción en Baja California. El requerimiento surgió luego de que la comunicadora cuestionara a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre irregularidades en la adjudicación de un contrato para la Planta Potabilizadora La Nopalera.

Según relató Pérez Arreola, directora del portal Brújula News, la FGR le envió un correo el 15 de agosto invitándola a “coadyuvar” en una indagatoria iniciada el 7 de agosto, a petición del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. La periodista había expuesto en una conferencia de prensa una presunta doble licitación y vínculos entre la empresa ganadora y el crimen organizado, sin obtener respuestas claras de las autoridades.

“Ni el secretario del Agua ni la gobernadora supieron explicar el nombre de la empresa beneficiada ni las razones de la doble licitación“, escribió Pérez Arreola en su medio. Tras el evento, el director de Comunicación Social, Jesús Manuel López Romandía, la citó para pedirle evidencias, a lo que ella se negó, invocando el derecho a la reserva de fuentes.

Colectivo periodístico denuncia intimidación

El grupo “YoSíSoyPeriodista” calificó la acción de la FGR como un intento de intimidación judicial, recordando que el artículo 6 constitucional y la Ley de Imprenta protegen la confidencialidad de las fuentes. “Es inadmisible que se persiga a la prensa mientras hay denuncias por ataques a la libertad de expresión sin resolver”, señalaron.

Renuncia al Mecanismo de Protección

Pérez Arreola, quien era consejera del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, decidió renunciar al cargo al considerar incompatible su participación con la actuación del secretario Álvarez, promotor de la investigación. “No puedo avalar un organismo que debería protegernos mientras se nos hostiga”, afirmó.

Este caso reaviva el debate sobre los riesgos del periodismo de investigación en México y la presión institucional contra quienes exponen irregularidades.