Designación judicial en México enfrenta cuestionamientos por opacidad

Desde mi experiencia en el ámbito jurídico-electoral, he sido testigo de cómo los procesos de designación pueden verse comprometidos por interpretaciones contradictorias. Lo que hoy revela el INE no es una simple anécdota; es un síntoma de una fisura profunda en nuestro sistema. La entrega de constancias de mayoría a 45 candidaturas que no cumplían a cabalidad con los requisitos de elegibilidad constitucionales, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establece un precedente peligroso.

Recuerdo claramente cómo, en el pasado, el promedio mínimo era una barrera infranqueable, un filtro de competencia básica. Hoy, vemos que 14 juzgadores y 18 magistraturas de circuito fueron electos sin acreditar este estándar académico. La práctica me ha enseñado que cuando se relajan los criterios de excelencia, la calidad de la impartición de justicia es la primera en resentirse. La petición de la consejera presidenta Guadalupe Taddei de revisar el proceso de elegibilidad en la reforma electoral en ciernes no es una sugerencia, es una urgencia.

La paridad de género, un principio que celebro y por el que he luchado, también se ve empañada en esta coyuntura. Si bien la asignación de 12 cargos a mujeres es un avance, el mecanismo utilizado—privilegiando la votación sobre la alternancia—crea una distorsión. En mi trayectoria, he aprendido que los objetivos nobles se deben alcanzar con métodos transparentes y reglas claras, no mediante atajos que generan más dudas que certezas.

La queja de la consejera Carla Humphrey resuena con una verdad incómoda que muchos hemos callado: la incongruencia de la Sala Superior del TEPJF es paralizante. ¿Cómo puede el Tribunal revocar la revisión de un promedio (9.0) por falta de facultades y, simultáneamente, confirmar la de otro (8.0)? Esta dualidad de criterios, vista desde la trinchera, no es solo un error técnico; es una falta de rigor que mina la credibilidad de todo el entramado judicial.

El meollo del asunto, y lo digo con la frustración de quien ha visto esto repetirse, es la opacidad. La exigencia de la consejera Claudia Zavala de que los comités de evaluación definan un mecanismo público y transparente es fundamental. Sin una metodología clara para revisar el promedio, estamos ante un acto de fe, no de evaluación. La lección más dura que me ha dejado este campo es que la opacidad es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza y la impunidad.

La reflexión final de la consejera Dania Ravel encapsula la paradoja absoluta: la competencia del INE parece ser un arma de doble filo, aplicable selectivamente. Esto va más allá de una mera contradicción; es una vulneración al deber constitucional de garantizar que solo los mejores y más idóneos ocupen estos cargos de enorme responsabilidad. La teoría es clara, pero la práctica, como bien sabemos, está llena de grises que solo benefician a unos cuantos.