El INE entrega constancias en medio de un vacío legal

¿Qué sucede cuando las reglas del juego se escriben con tinta invisible? El Consejo General del INE se vio forzado a un acto de obediencia incómoda, devolviendo el triunfo a 32 juzgadores del Poder Judicial tras una orden del Tribunal Electoral, un movimiento que desnuda la arquitectura fracturada de nuestro sistema.

Este no es un simple forcejeo institucional; es el síntoma de una disrupción profunda. El organismo comicial, habiendo invalidado inicialmente los triunfos por incumplimiento del promedio profesional, ahora opera en una zona gris, un limbo normativo donde la certeza jurídica se esfuma. Consejeros electorales ejecutan una sentencia que acatan pero no comparten, señalando una contradicción fundamental: ¿cómo se garantiza la excelencia en la judicatura si los guardianes de la elección tienen las manos atadas?

La consejera Carla Humphrey no solo señaló una falla, sino que evidenció un colapso de diseño: El diseño normativo de esta elección… está plagado de lagunas y errores. Esta es la crónica de un sistema que, en su intento por innovar, creó un laberinto sin salida. La entrega de constancias sin verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales no es un acto administrativo; es un experimento de alto riesgo con la calidad de la justicia en México.

La narrativa oficial se fractura aún más con las declaraciones del consejero Martín Faz, quien revela la inversión de recursos y tiempo dedicada a una revisión que, según el Tribunal, nunca debió ocurrir. Esta no es una simple contradicción; es un choque de paradigmas. Por un lado, la visión de un INE como auditor activo de la elegibilidad, y por otro, la de un Tribunal que lo confina a un rol notarial. La pregunta disruptiva que emerge es: ¿estamos midiendo lo correcto? ¿Un promedio académico es el mejor predictor de una buena judicatura, o es una métrica obsoleta en un mundo complejo?

La verdadera innovación no estaría en parchear este proceso, sino en repensarlo por completo. Imaginemos un sistema de selección transparente y auditable por ciudadanos, con criterios multidimensionales que vayan más de un número en un certificado. El conflicto actual es la oportunidad perfecta para desmantelar un modelo anacrónico y co-crear uno radicalmente abierto, meritocrático y confiable.

La exigencia final al Poder Legislativo trasciende la corrección de errores; es un llamado a una reinvención total. La legislación imperfecta y los actos de autoridad imperfectos son el caldo de cultivo para la desconfianza. La solución no es más de lo mismo, sino un diseño audaz que convierta esta crisis en la chispa de una transformación histórica para el Poder Judicial.