Iniciativa protege legalmente a madres buscadoras de desaparecidos

Desde las trincheras del activismo y la defensa de los derechos fundamentales, he sido testigo de cómo la valentía se topa con la impunidad. Por eso, la iniciativa presentada por el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, no es solo otra propuesta legislativa; es un reconocimiento tardío pero necesario a una lucha que se libra con las uñas y el corazón.

En mi trayectoria, he visto cómo las teóricas protecciones chocan con la cruda realidad. Esta enmienda a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es distinta. No se limita a añadir un capítulo más, sino que establece mecanismos tangibles: informes anuales con datos desglosados, perspectiva de género y, crucialmente, la activación inmediata de medidas preventivas ante cualquier amenaza. He aprendido que sin estos detalles operativos, las leyes son letra muerta.

La mención al caso de María del Carmen Morales en Tlajomulco no es un ejemplo aislado. Me recuerda a decenas de mujeres cuyas historias de hostigamiento documentado conozco personalmente. Su perseverancia, a pesar del riesgo extremo, evidencia una brecha de protección que el Estado debe saldar urgentemente. Como bien señala Añorve, esto no es un privilegio, es una cuestión de justicia elemental.

La recomendación del Comité de la ONU no es una mera observación internacional; es un reflejo de lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado por años: la violencia y discriminación sistémicas que enfrentan estas mujeres. Este reconocimiento formal activa obligaciones concretas, trasciende la discrecionalidad de los funcionarios y, lo más importante, ofrece un respaldo institucional real, no solo promesas.

En esencia, este cambio representa una evolución política práctica. Manda un mensaje claro a las madres: no están solas. Y a los agresores: el Estado, por fin, podría estar del lado correcto. Como concluye el senador, aquí no hay colores partidistas, solo humanidad. Es hora de que la ley refleje lo que la calle ya sabe: estas mujeres son las defensoras de derechos humanos más auténticas y necesitan nombre, protección y respaldo efectivo, no solo aplausos.