Internacional
El Congreso desafía a Milei y respalda la ley de discapacidad
El Congreso argentino desafía al Ejecutivo en una pulseada por los derechos fundamentales de un colectivo vulnerable.

En un movimiento que redefine la batalla política en la era digital, la oposición en el Congreso argentino ha ejecutado una jugada maestra contra la política de ajuste estricto del presidente Javier Milei. Con una contundente votación de 172 votos a favor, la Cámara de Diputados ha rechazado el veto presidencial a una ley de emergencia en discapacidad, un texto legislativo diseñado para ampliar y proteger la red de apoyo a uno de los colectivos más vulnerables.
Esta decisión, más allá de una mera votación, es un síntoma de la nueva arquitectura de poder. Evidencia la fragilidad del partido oficialista, La Libertad Avanza, que no ejerce control en ninguna de las dos cámaras, y supone un desafío directo al mantra de “no hay plata” que define la gestión económica mileista. La pulseada se intensifica en el escenario preelectoral de cara a los comicios del 26 de octubre, donde las políticas sociales son el campo de batalla.
Anticipándose a la derrota, la administración de Milei intentó una jugada en la arena de la comunicación digital. A través de la red social X, el portavoz Manuel Adorni anunció que el gobierno evaluaba incrementar las prestaciones, financiándolo con supuestos ahorros de pensiones por invalidez mal otorgadas. Una estrategia de narrativa alternativa típica de la política del siglo XXI.
La ley, originalmente sancionada en junio, declara la Emergencia en Discapacidad a nivel nacional hasta finales de 2027. Su alcance es transformador: exige saldar deudas históricas con los proveedores del sistema de salud y actualiza mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas, garantizando una atención integral y acorde a la inflación. Además, establece una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, una medida de inclusión financiera crucial.
El foco ahora se desplaza al Senado, que tendrá la última palabra en una decisión que trasciende lo político: se trata de la defensa de los derechos humanos en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología y la innovación deben servir, ante todo, para construir una sociedad más equitativa e inclusiva.

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