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Envenenamiento masivo de mascotas enciende alertas en Yucatán

La comunidad exige justicia tras una serie de ataques deliberados que han sembrado alarma y tristeza en los vecindarios.

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Una ola de violencia contra animales domésticos conmociona a comunidades de Yucatán

Una serie de incidentes de envenenamiento deliberado ha generado una profunda indignación colectiva en los municipios de Motul y Kanasín, donde se reporta la muerte de al menos cuatro perros y un gato por intoxicación.

En la colonia Edesio Carrillo Puerto, al poniente de Motul, residentes descubrieron a sus compañeros animales sin vida al regresar a sus hogares. La respuesta inmediata incluyó el despliegue de agentes de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato de Animales Domésticos, quienes realizaron el levantamiento forense de los cadáveres y recabaron testimonios clave para la investigación.

Este evento ecoa un patrón preocupante, recordando un caso similar reportado en abril pasado en la colonia Solidaridad por la asociación protectora Peludos Felices A.C.

Vecinos han señalado a un individuo local como presunto responsable, alegando un historial documentado de maltrato, incluyendo amenazas explícitas, agresiones con agua hirviendo y actos de violencia física contra cualquier animal que se aproxime a su propiedad.

La alarma comunitaria trasciende la pérdida de las mascotas, extendiéndose a un riesgo de salud pública palpable, especialmente para la población infantil, vulnerable al contacto con toxinas o restos contaminados.

Paralelamente, en el fraccionamiento Arboledas de Kanasín, la comunidad lidia con el envenenamiento de tres canes, resultando en dos fallecimientos y un sobreviviente en estado delicado. La hipótesis principal apunta a un acto premeditado de crueldad extrema, motivado por la intolerancia hacia la presencia de estos animales en el espacio urbano.

Ante la gravedad de los hechos, los colectivos vecinales se movilizan para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, destacando que los animales victimizados eran alimentados y cuidados por la comunidad, e incluso contaban con procedimientos de esterilización, reflejando una tenencia responsable.

Este caso evidencia la urgente necesidad de reforzar los protocolos de justicia para crímenes contra la fauna y promover una cultura de convivencia y respeto hacia la vida no humana.

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