Negligencia institucional en caso de desaparición de niño Fernando

Negligencia Institucional en Caso de Desaparición de Niño Fernando

LOS REYES LA PAZ, MÉX. La desaparición y posterior hallazgo sin vida del niño Fernando ha destapado una cloaca de negligencia, dilación y una alarmante falta de empatía al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). ¿Cuánto tiempo se perdió debido a la inacción de los servidores públicos? ¿Fue esta demora un factor crucial en el desenlace trágico?

Foto: El Universal.

La crónica de una tragedia anunciada comenzó el domingo 3 de agosto. Noemí, la madre del menor, llegó al Centro de Justicia de La Paz con el corazón destrozado para denunciar que una pareja le había arrebatado a su hijo para exigirle el pago de un préstamo por mil pesos. Sin embargo, en lugar de encontrar auxilio inmediato, se topó con un muro de burocracia e indiferencia.

Documentos internos a los que se ha tenido acceso revelan que la información fue recibida inicialmente por un prestador de prácticas profesionales. Este, a su vez, se la comunicó al agente del Ministerio Público de turno. La respuesta de la autoridad fue devastadora: “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”. Le sugirió, con frialdad, que si no deseaba esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género. Ante este desdén, Noemí, desesperada, optó por retirarse. La carpeta de investigación no se iniciaría sino hasta el día siguiente, lunes 4 de agosto, perdiéndose horas críticas.

Esta investigación ha logrado establecer que, como consecuencia directa de estas revelaciones, la Fiscalía mexiquense cesó de sus funciones al servidor público que refirió a la madre a otro Centro de Justicia. Además, una agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales, donde se indaga si su conducta afectó los derechos de la afectada. La institución no descarta que la investigación se amplíe a otros funcionarios, existiendo ya una indagatoria en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Cuando finalmente se activaron los protocolos de búsqueda, el pasado 4 de agosto por el delito de privación de la libertad, el destino de Fernando ya estaba sellado. Elementos de la FGJEM y de la policía municipal acudieron a un domicilio en la colonia Ejidal El Pino. Allí, un fuerte olor fétido los guió hasta el patio de la vecindad, donde hallaron el cuerpo sin vida del pequeño dentro de varias bolsas.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” fueron detenidos en el lugar y actualmente se encuentran vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Se enfrentan a una posible condena de hasta 160 años de cárcel.

Pero la pregunta persigue: ¿Se pudo evitar este desenlace? En un comunicado inusualmente autocritico, la propia FGJEM admitió: “De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación de servicio”. Esta admisión oficial confirma una verdad dolorosa: la negligencia institucional fue cómplice silenciosa de este crimen atroz, dejando al descubierto un sistema que falló en su deber más esencial: proteger a los más vulnerables.