México fortalece su defensa legal contra la piratería y el plagio cultural

Desde las trincheras de la economía y la propiedad intelectual, he sido testigo de primera mano cómo la piratería desangra no solo las finanzas de las empresas, sino el alma de nuestra industria. Recuerdo visitar talleres de calzado en León, Guanajuato, donde artesanos con décadas de experiencia me mostraban con desaliento cómo un producto imitado y de pésima calidad, vendido a un precio irrisorio, acababa con meses de su trabajo. No es una simple anécdota; es la realidad diaria de miles.

El Senado de la República, en una acción coordinada con la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), está alistando un paquete de reformas y programas cruciales. La lección aprendida es clara: las medidas aisladas son insuficientes. Se necesita una estrategia integral que frene la importación y distribución de mercancía falsificada, cuyo origen predominante es China, y que está devastando sectores emblemáticos como el textil, el juguete y, de manera especialmente dolorosa, la fabricación artesanal de huaraches y otros bienes culturales.

Para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, se contemplan modificaciones sustanciales a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la tan esperada expedición de su reglamento y la implementación de sanciones más severas y disuasorias. En mi experiencia, la falta de un reglamento claro ha sido el talón de Aquiles de muchas leyes bienintencionadas.

Un análisis de la Comisión de Economía del Senado confirma lo que he visto en el terreno: la industria del calzado mexicano, un pilar fundamental que genera más de 120 mil empleos directos, es una de las más afectadas. La piratería no es un delito sin víctimas; es un ataque frontal que ha provocado la pérdida de hasta 20 mil puestos de trabajo, empobreciendo a miles de familias mexicanas.

Como bien lo expuso el presidente de dicha comisión, Emmanuel Reyes Carmona, se trata de defender un símbolo de nuestra cultura. Pero el combate va más allá de lo económico. He trabajado con comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas, cuyos diseños ancestrales son sistemáticamente robados por diseñadores extranjeros. Este plagio cultural no es solo una falta de respeto; es una apropiación indebida que vulnera la identidad y la economía de los pueblos originarios. Proteger nuestro patrimonio cultural intangible es tan urgente como defender las marcas.

Ante este panorama, el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha comenzado a tomar medidas firmes. El decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado bajo el programa IMMEX y establece aranceles de hasta el 25% es un paso en la dirección correcta, una lección aplicada de años de ver cómo los vacíos legales son explotados.

Como siempre he dicho, proteger la industria nacional es una elección de consumo con consecuencias directas. La frase del secretario Ebrard lo resume con crudeza y verdad: “cada vez que compramos algo muy barato en contra de la industria nacional, lo único que generamos es quitar un empleo a una mexicana o mexicano”. Esta batalla se gana con leyes más duras, sí, pero también con una conciencia colectiva que valore el trabajo, la originalidad y la identidad de México.