El sistema judicial bajo fuego en Guerrero

La frágil línea que separa el estado de derecho de la barbarie se ha quebrado una vez más en Guerrero. Esta mañana, la jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, Isis Peralta Salvador, se convirtió en el último blanco de una guerra silenciosa que busca silenciar a la justicia.

CHILPANCINGO, Gro.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas en el fraccionamiento Costa Azul, a pocos metros de la emblemática Costera Miguel Alemán en Acapulco. Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la magistrada, quien milagrosamente logró salir de su vehículo blindado con impactos de bala para pedir auxilio.

La camioneta oficial presentaba al menos siete perforaciones de proyectil, dos de ellas directamente en el parabrisas del lado del conductor. El hecho cobra dimensiones más escalofriantes al confirmarse que la jurista viajaba acompañada de su hijo, quien afortunadamente resultó ileso.

¿Quién quiere silenciar a la justicia en Guerrero?

Peralta Salvador fue trasladada de emergencia a un nosocomio privado donde fue reportada como estable. Pero su condición física es solo una parte de esta historia. La verdadera herida es institucional.

La trayectoria de la jueza sugiere que este atentado podría ser más que un acto aleatorio de violencia. Peralta Salvador, actualmente adscrita al Distrito Judicial de Tabares en Acapulco, ha mantenido visible cercanía con Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En 2022, la magistrada fue señalada públicamente por el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, de “dilatar” una orden de cateo contra cinco domicilios vinculados a los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.

Tres meses después de aquella presunta dilación procesal, San Miguel Totolapan fue escenario de una masacre que cobró la vida de 22 personas, incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeda. Las autoridades atribuyeron la matanza a órdenes directas de los hermanos Hurtado.

Este episodio se enmarca en un patrón alarmante. En diciembre de 2024, el magistrado y ex presidente del TSJG, Edmundo Román Pinzón, fue ejecutado al salir de sus oficinas en Acapulco. La pregunta que reverbera en los pasillos del poder es obvia: ¿estamos presenciando una campaña sistemática para decapitar al poder judicial en Guerrero?

Más allá de la condena inmediata que merece este cobarde atentado, debemos cuestionar el ecosistema de impunidad que permite que los guardianes de la ley se conviertan en objetivos móviles. Cuando los jueces temen por sus vidas, la justicia se convierte en rehén.