Monreal propone ley para garantizar acceso gratuito a playas

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, ha puesto sobre la mesa una iniciativa que promete reavivar un viejo debate: ¿quién es el verdadero dueño de la costa mexicana? Su propuesta legislativa plantea una modificación contundente para blindar el acceso a las playas, declarándolo libre, gratuito y permanente para cualquier persona, sin importar su origen o condición social.

Pero, ¿qué hay detrás de este anuncio? Nuestra investigación se adentra en el texto que será presentado este miércoles ante la Comisión Permanente. El documento no solo busca reformar la Ley General de Bienes Nacionales, sino también la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿Será esta una medida populista o una genuina defensa del dominio público? Las interrogantes están servidas.

El núcleo de su proyecto es una prohibición expresa. Impediría cualquier tipo de cobro, cuota o condición restrictiva para el ingreso a las playas y la zona federal marítimo-terrestre. Sin embargo, deja abiertas excepciones cruciales: seguridad pública, protección ambiental e interés nacional. Un periodista investigativo debe preguntarse: ¿cómo se definirán estos conceptos? ¿Podrían convertirse en vacíos legales que permitan nuevos cercamientos?

Uno de los puntos más reveladores afecta directamente a las concesiones. La iniciativa decreta que cualquier permiso en zonas federales deberá contemplar, de manera irrenunciable, el acceso público. El incumplimiento de esta cláusula sería causal de revocación inmediata. ¿Está el gobierno preparado para auditar y hacer cumplir esta norma frente a poderosos intereses turísticos y inmobiliarios? Los testimonios de ciudadanos que han sido impedidos de llegar al mar sugieren que la batalla no será fácil.

La propuesta se extiende más allá de la arena y el mar. En un giro estratégico, también obligaría a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas bajo su jurisdicción al menos un día a la semana, preferentemente domingos o festivos. Esta cláusula conecta dos luchas aparentemente inconexas: la defensa de la costa y el derecho a la recreación en espacios naturales, tejiendo una narrativa más amplia sobre el patrimonio nacional.

Al conectar los puntos, surge una perspectiva más profunda. Esta iniciativa no es un hecho aislado; es un capítulo más en la pugna por definir los límites de la propiedad privada y los derechos colectivos sobre los bienes nacionales. La revelación final para el lector es que el verdadero trasfondo no es solo la playa, sino una disputa constitucional sobre el significado de “propiedad de la nación” en el México del siglo XXI.