La Anticorrupción se deslinda de la investigación por sobornos a Peña Nieto

Una Declaración que Abre Más Interrogantes que Respuestas

En el corazón de la mañanera presidencial, una pregunta directa destapó la caja de Pandora de uno de los casos de presunta corrupción más graves de los últimos tiempos. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, se encontró en el ojo del huracán al ser interrogada sobre las denuncias de sobornos que vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto con empresarios israelíes.

Su respuesta, lejos de aclarar el panorama, redibujó los límites de la investigación. “Nosotros no tenemos denuncias de eso”, afirmó con contundencia, deslindando inmediatamente a su dependencia de cualquier procedimiento administrativo. ¿Por qué una secretaría anticorrupción se mantiene al margen de un caso de tal magnitud? La justificación es técnica, pero no por ello menos inquietante: “…en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos, no alcanzan las competencias, porque no hay nada que haya firmado”.

Con esta declaración, el foco de la investigación recae enteramente sobre la Fiscalía General de la República (FGR), que bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, inició una carpeta de investigación el pasado 8 de julio. Los testimonios de los empresarios, que declararon haber pagado aproximadamente 25 millones de dólares para asegurar contratos millonarios, incluida la adquisición del polémico software de espionaje Pegasus, parecen no ser suficientes para activar la maquinaria administrativa anticorrupción.

La pregunta que flota en el ambiente es obligada: ¿Se trata de un simple deslinde de competencias jurídicas o existe una estrategia deliberada para fragmentar la investigación? La narrativa oficial intenta canalizar el caso por una sola vía, pero la ausencia de una investigación paralela desde el ámbito administrativo deja un vacío que alimenta la especulación y la desconfianza.

Lo que queda claro es que, mientras la FGR avanza en lo penal, las acciones u omisiones del expresidente en el plano administrativo—aquellas que pudieron facilitar estos supuestos sobornos—quedan, por ahora, en una zona gris. Una investigación completa exigiría un abordaje desde todos los frentes. La verdad, al parecer, tendrá que ser descubierta capa por capa, y no todas las instituciones están dispuestas a remover la tierra para encontrarla.