La liberación de Camacho redefine el panorama político boliviano

LA PAZ, Bolivia

Desde mi experiencia observando la intricada relación entre la justicia y la política en América Latina, el caso del líder opositor y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un ejemplo paradigmático. Su excarcelación este viernes, tras casi tres años de prisión preventiva, no es un hecho aislado; es un movimiento dentro de un tablero de ajedrez político que he visto repetirse, con distintas piezas, a lo largo de los años.

La orden del Tribunal Supremo de Justicia de revocar su arresto y concederle la detención domiciliaria con derecho a trabajar es una decisión cargada de significado. En la práctica, esto significa mucho más que un simple cambio de ubicación. Le permite a Camacho retornar a Santa Cruz, el bastión económico y político desde el que siempre ha operado, y donde, según su defensa, retomará sus funciones. He aprendido que en esta región, el poder simbólico de un líder en su territorio es una fuerza imparable.

Las imágenes de su salida de la penitenciaría de Chonchocoro son elocuentes: abrazando a los custodios, caminando con la banda tricolor de gobernador en el pecho y enarbolando la bandera cruceña. Son gestos calculados, un lenguaje no verbal que cualquier analista experimentado reconoce como el primer acto de una campaña de reconstrucción pública. Su traslado inmediato en un vuelo privado hacia Santa Cruz para una festiva bienvenida confirma que el teatro político nunca se detiene.

Sus palabras, citando a Nelson Mandela y hablando de descubrimiento personal y compromiso con Dios, son un guion clásico del líder perseguido. He escuchado versiones similares en distintos países. La afirmación “jamás me arrodillé” y “no tengo odio, ni rencor” busca proyectar fortaleza y magnanimidad, dos cualidades esenciales para cualquier figura que aspire a capitalizar políticamente un encarcelamiento.

Sin embargo, la realidad jurídica es más compleja. Camacho aún enfrenta un proceso por presunta sedición vinculado a las protestas de 2019 que forzaron la renuncia de Evo Morales, y otro juicio por las movilizaciones de 36 días que lideró contra el gobierno de Luis Arce para exigir un nuevo censo. La detención domiciliaria no absuelve; simplemente cambia el escenario de la batalla legal, que continuará mientras él se moviliza con mayor libertad.

Este caso no puede desvincularse de la situación de la expresidenta interina Jeanine Áñez y el dirigente cívico Marco Antonio Pumari, quienes también recibieron órdenes de excarcelación. He sido testigo de cómo los procesos judiciales suelen entrelazarse con los ciclos políticos. La reciente derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto es el telón de fondo inevitable de estas decisiones judiciales. Cuando el poder electoral cambia de manos, la justicia often finds a new rhythm, a new timing for its rulings.

Las acusaciones de la fiscalía sobre un “golpe de Estado” y la defensa de la oposición sobre una “rebelión contra el fraude” reflejan la profunda polarización que define a Bolivia. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la OEA han señalado las motivaciones políticas y la falta de debido proceso en estos casos, una crítica que, desde mi perspectiva, no puede ignorarse fácilmente.

La lección que deja este capítulo es clara: en Bolivia, la justicia y la política son dos hilos inextricablemente entrelazados en el mismo tapiz. La liberación de Camacho no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo acto en el largo y complejo drama de la democracia boliviana. El verdadero juicio, tanto legal como político, está por venir.