La justicia que nace de la búsqueda de una madre

En un fallo que cuestiona radicalmente los protocolos institucionales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido una recomendación histórica a la Fiscalía General de Justicia por el caso de la desaparición de Monserrat Uribe Palmeros. Este dictamen no es solo un documento administrativo; es un espejo que refleja el colapso de un sistema y el surgimiento de un nuevo paradigma de justicia ciudadana.

¿Qué sucede cuando las instituciones diseñadas para proteger fallan tan estrepitosamente que son las víctimas quienes deben convertirse en investigadoras? El caso de Monserrat responde con crudeza: se crea un ecosistema alternativo de justicia. La búsqueda iniciada por su madre, Jacqueline Palmeros, no solo localizó los restos en la zona del Ajusco en noviembre de 2024, sino que evidenció la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la investigación oficial.

La recomendación 10/2025 de la CDHCM revela una arquitectura institucional fracturada: la Fiscalía vulneró el derecho a la búsqueda con diligencia reforzada y enfoque diferencial, además del derecho a la integridad personal de las víctimas y familiares. Pero más allá de las disculpas públicas, el memorial conmemorativo y el plan integral de reparación para la familia, este caso establece un precedente disruptivo: la justicia restorative debe nacer del reconocimiento del fracaso sistémico.

La cuarta visitadora de la Comisión, María Luisa García, fue contundente al señalar que la localización de Monserrat “no fue resultado de la investigación ni de la actuación institucional”. Fue el resultado de una brigada de búsqueda ciudadana, un acto de resistencia colectiva que operó donde el Estado estuvo ausente.

Las omisiones documentadas son sintomáticas de un modelo obsoleto: el personal ministerial catalogó inicialmente la desaparición como voluntaria, contraviniendo todos los protocolos; no se activó el Protocolo Alba; y durante la entrevista con la familia, se utilizaron apreciaciones prejuiciosas y revictimizantes con estereotipos de género.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Pérez, anunció que la disculpa pública deberá explicar lo ocurrido y reivindicar la honra de Monserrat. Pero la verdadera reparación va más allá de tres actos protocolarios: requiere una deconstrucción completa de los mecanismos de búsqueda y una alianza genuina con las redes ciudadanas que han demostrado mayor eficacia que las instituciones tradicionales.

Este caso paradigmático nos invita a imaginar un modelo híbrido de justicia donde las instituciones reconozcan su limitaciones y se articulen con la inteligencia colectiva de las buscadoras. Las medidas de no repetición, la atención psicológica y tanatológica gratuita, y la inscripción en el registro de víctimas son solo el punto de partida para una transformación profunda del sistema de justicia.

La memoria de Monserrat se convierte así en catalizador de un cambio revolucionario: la transición de una justicia burocrática a una justicia colaborativa, donde el Estado aprenda de la resiliencia ciudadana y reconstruya su legitimidad desde la humildad y la cooperación genuina.