Tribunal declara ilegales aranceles de Trump pero mantiene vigencia

En mi larga trayectoria analizando políticas económicas, pocas veces he visto una divergencia tan clara entre el derecho y la práctica real como la que reveló la Corte de Apelaciones del Circuito Federal el viernes. El tribunal falló que el expresidente Donald Trump carecía de fundamento jurídico para imponer gravámenes generalizados a prácticamente todas las naciones, confirmando así lo que muchos expertos en comercio internacional ya anticipábamos: el uso de emergencias nacionales como justificación para medidas proteccionistas es un terreno pantanoso.

La decisión, tomada por 7 votos contra 4, sostiene que es improbable que el Congreso pretendiera otorgar autoridad ilimitada al presidente para establecer aranceles. Sin embargo, en un movimiento que refleja la complejidad de estos procesos, el tribunal no derogó inmediatamente las tarifas, concediendo al gobierno un plazo para apelar ante la Corte Suprema. Esto me recuerda casos pasados donde las sentencias, aunque técnicamente correctas, deben navegar las realidades políticas para evitar una disrupción económica abrupta.

La respuesta de Trump no sorprende a quienes hemos seguido su carrera: prometió apelar y afirmó que mantener este fallo “literalmente destruiría a los Estados Unidos”. Su portavoz, Kush Desai, insistió en la legalidad de las acciones. Pero detrás de la retórica, el verdadero impacto radica en cómo esta decisión complica la ambición de reconfigurar unilateralmente décadas de política comercial. He visto cómo estas estrategias, aunque efectivas a corto plazo para presionar socios como la Unión Europea y Japón, suelen generar inestabilidad a largo plazo.

Los aranceles, implementados de manera errática, han agitado los mercados globales, alienado a aliados tradicionales y elevado el riesgo de inflación para los consumidores estadounidenses. Sin embargo, también han sido una herramienta para inyectar miles de millones al Tesoro, financiando recortes fiscales. Como me ha enseñado la experiencia, toda moneda tiene dos caras: la misma medida que fortalece internamente puede debilitar externamente.

Ashley Akers, exabogada del Departamento de Justicia, advirtió acertadamente que aunque los acuerdos existentes no colapsarían automáticamente, la administración podría perder un pilar clave de su estrategia de negociación, animando a gobiernos extranjeros a resistir demandas futuras o incluso a buscar renegociar términos. He participado en mesas de diálogo donde la percepción de debilidad legal cambia por completo la dinámica de poder.

El gobierno argumenta que anular los aranceles podría forzar el reembolso de impuestos recaudados, un golpe financiero significativo. Los ingresos por aranceles totalizaron 159.000 millones de dólares hasta julio, más del doble que el año anterior. El Departamento de Justicia incluso alertó sobre una posible “ruina financiera”, aunque personalmente considero que esto subestima la resiliencia de la economía estadounidense. He vivido crisis peores, y el sistema tiene mecanismos de adaptación.

La lección que extraigo de esto, tras años en el campo, es que las políticas comerciales deben balancear el interés nacional con el respeto al marco legal y las relaciones internacionales. Las soluciones unilaterales rara vez son sostenibles. La verdadera sabiduría está en construir consensos, incluso cuando el camino sea más lento. El derecho establece los límites, pero la pragmática y la experiencia enseñan cómo moverse dentro de ellos.