Liga MX respalda a América en polémica sanción de puerta cerrada

Una decisión municipal ha desatado una tormenta institucional en el fútbol mexicano. La alcaldía Benito Juárez decretó que el encuentro entre América y Pachuca se dispute a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, una medida que ha encontrado una férrea oposición por parte de la Liga MX y el club afectado.

¿Pero qué hay detrás de esta sanción sin precedentes? Las autoridades capitalinas alegan que el club cerró de manera irregular la calle Indiana, afectando a los residentes de la zona. Sin embargo, nuestras investigaciones revelan una narrativa mucho más compleja y llena de contradicciones.

Fuentes internas del América, que han solicitado permanecer en el anonimato por temor a represalias, proporcionaron documentación que sugiere una realidad muy distinta. Según estos reportes, el cierre vial fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, siguiendo estrictamente el protocolo de seguridad establecido por… la propia alcaldía Benito Juárez.

La Liga MX no se ha mantenido al margen. En un comunicado contundente, calificó la medida como una “sanción extralimitada” y una “arbitrariedad cometida sin juicio previo”. ¿Estamos ante un exceso de autoridad? ¿O existe un trasfondo político en esta decisión que afecta directamente a miles de aficionados?

Nuestro equipo de investigación ha revisado minuciosamente los planes de seguridad de partidos anteriores y encontramos patrones inconsistentes en la aplicación de estas medidas. Mientras algunos encuentros han procedido con normalidad ante situaciones similares, la sanción al América parece desproporcionada y selectiva.

El club azulcrema ha respondido con firmeza: “Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”. Esta postura ha encontrado el respaldo explícito de la máxima autoridad futbolística del país, que apoyará al club para que el partido del 30 de agosto se lleve a cabo con normalidad.

Lo que comenzó como una disputa administrativa por el cierre de una calle se ha convertido en un pulso de poder que cuestiona los límites de la autoridad municipal frente a la autonomía deportiva. Las verdaderas víctimas: los aficionados, cuyo derecho a disfrutar del espectáculo deportivo ha sido vulnerado en una controversia que parece lejos de resolverse.

Esta investigación continúa abierta. ¿Qué intereses realmente motivaron esta decisión? ¿Respondió a criterios técnicos de movilidad y seguridad o a otros factores no declarados? La búsqueda de respuestas continúa.