La épica cruzada contra las pensiones doradas del neoliberalismo

La épica cruzada contra las pensiones doradas del neoliberalismo

En un acto de justicia social sin precedentes, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha declarado la guerra a las más temibles y escurridizas bestias que azotan las arcas nacionales: los jubilados. Sí, aquellos siniestros exfuncionarios del oprobioso periodo neoliberal que osan recibir, sin rubor alguno, montos mensuales que superan, ¡oh, el escándalo!, el salario neto de la propia Jefa del Ejecutivo Federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en una muestra de infinita clemencia, no propone la horca ni el destierro, sino algo mucho más revolucionario: una invitación cordial para que estos avaros magnates de la pensión se acerquen voluntariamente a firmar su propia redención económica. La oferta es magnánima: cambiar sus ofensivos millones por una “modesta” pensión, un concepto tan novedoso como el perdón a los deudores de la banca.

El cuadro que se pinta es dantesco. Por un lado, miles de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, abandonados a su suerte tras la liquidación calderoniana. Por el otro, una legión de 3,504 afortunados que, con una audacia pasmosa, reciben más que la propia Presidenta. ¡La insolencia de sobrevivir con holgura!

El caso de Pemex es aún más grotesco. 544 jubilados cuya pensión es un puñal trapero al erario, drenando la nada despreciable suma de 1,827 millones de pesos anuales. Frente a esta hecatombe, la respuesta gubernamental es un monumental aparato burocrático: mesas de trabajo, circulares, convenios con registros civiles, oficios de homologación. Una maquinaria estatal que se moviliza, no para dejar de pagar lo indebido, sino para “mejorar el intercambio de información”. La eficacia, como siempre, es prioritaria.

Y he aquí la genialidad satírica del plan: una reforma constitucional para reducir pensiones. La Carta Magna, ese documento que debería consagrar derechos inalienables, será enmendada para combatir el derecho a la opulencia en el retiro. Es una jugada maestra que Jonathan Swift hubiera aplaudido: usar el máximo instrumento legal para resolver un problema de desvío de recursos que el propio sistema permitió crear.

El colmo del esperpento llega con la mención a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dos exfuncionarios de Pemex son señalados, pero el Gobierno mexicano se apresura a aclarar que uno “siempre se dedicó al sector privado” y el otro trabajó “en administraciones anteriores”. La culpa, como un fantasma bien entrenado, siempre regresa al pasado neoliberal. El presente, por arte de magia, queda impoluto.

Esta es, en definitiva, la gran farsa: la lucha contra la corrupción se libra no persiguiendo a los corruptos, sino pidiéndoles amablemente que devuelvan el botón. Se combate el privilegio no eliminándolo de raíz, sino gestionándolo con mesas de diálogo. Y todo ello, mientras el pueblo, ese gran espectador de la tragicomedia nacional, asiste atónito al espectáculo de cómo se debate el destino de millones que deberían ser suyos, mientras su realidad sigue igual.