El programa IMMEX bajo la lupa de expertos en comercio

Tras una serie de propuestas de ajuste al programa IMMEX, diseñadas para evitar la elusión de pagos por la importación de mercancías que terminan en el mercado interno, surge una pregunta crucial: ¿Está México a punto de debilitar el principal motor de sus exportaciones manufactureras por intentar tapar grietas específicas?

Félix Ponce-Nava, consejero de Pérez-Llorca en Comercio Internacional, plantea un escenario de profundas consecuencias. En una entrevista exclusiva, argumenta que, si bien es loable blindar el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, las restricciones dirigidas a sectores como el textil y el calzado podrían tener un efecto dominó. “La pregunta que debemos hacernos es: ¿las medidas correctivas generarán más daño colateral que beneficios?”, cuestiona el especialista.

La investigación revela una narrativa establecida que merece ser cuestionada: la creencia generalizada de que operar bajo el paraguas IMMEX equivale a una exención fiscal automática e indiscriminada. Los documentos del programa, sin embargo, cuentan una historia diferente. Los contribuyentes deben demostrar rigurosamente el cumplimiento de una serie de requisitos para acceder a los beneficios, que no significan una liberación total de obligaciones.

Al introducir mercancías al país, las empresas están obligadas al desembolso de derechos aduaneros, IVA, el derecho de trámite aduanero y hasta cuotas compensatorias. El esquema IMMEX permite exentar ciertos gravámenes, pero solo bajo un estricto marco de legalidad. “El simple hecho de contar con un permiso IMMEX no implica que se esté realizando una actividad ilícita“, insiste Ponce-Nava. “Por el contrario, los titulares de este programa son, en su inmensa mayoría, el sustento de la producción industrial nacional.”

La conclusión de este análisis es clara: el verdadero riesgo no es la evasión, sino un posible efecto de desconfianza que termine por mermar la productividad de los eslabones de la cadena regional. La advertencia del experto es severa: “La afectación para los importadores formales que se apegan a la normativa será su desplazamiento total de la cadena productiva”. La balanza entre fiscalización y competitividad pende de un hilo.