Conagua detecta que 30.5% de concesiones de agua están vencidas

Desde mi experiencia en la gestión de recursos hídricos, la cifra revelada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es alarmante, pero no del todo sorprendente. He visto a lo largo de los años cómo la complejidad administrativa y la falta de claridad en los plazos llevan a los usuarios a perder la vigencia de sus derechos. Que el 30.5% de las concesiones, es decir, 163,689 de un total de 536,533, estén vencidas es un problema sistémico que refleja una desconexión entre la normativa y la realidad de los productores.

El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, acierta al señalar que, en el pasado, se otorgaron concesiones con vigencia de 10, 15 o incluso 30 años sin una estrategia clara de seguimiento y renovación. Esto creó una enorme laguna de incertidumbre. Los usuarios, muchos de ellos pequeños productores absortos en su trabajo diario, simplemente perdieron la noción de sus fechas de vencimiento, un problema que se agravó con la paralización administrativa durante la pandemia de Covid-19.

La lección aprendida aquí es que la teoría de la concesión perfecta se estrella contra la práctica del día a día en el campo. No basta con emitir un título; se requiere un acompañamiento continuo, recordatorios efectivos y una ventanilla única accesible. Por eso, el anuncio del “Decreto de facilidades administrativas” es un paso pragmático y necesario en la dirección correcta. No es una amnistía, sino una oportunidad de regularización que otorga lo más valioso en cualquier actividad productiva: certeza jurídica.

Este beneficio, dirigido específicamente a pequeños productores agropecuarios con volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, así como a entidades federativas y municipios, es un reconocimiento tácito de que el sistema anterior falló. La exigencia de comprobar el uso activo del agua en los últimos dos años es un acierto, pues prioriza la regularización de quienes realmente usan el recurso y no de quienes especulan con los derechos.

En la práctica, he comprobado que la seguridad en la tenencia del agua es el primer eslabón para acceder a créditos, subsidios y programas de mejora. Sin un título vigente, no hay inversión posible. Este decreto, que cubre los títulos vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, es una herramienta poderosa para sanear una situación crítica. El consejo aplicable para cualquier concesionario es claro: la regularización no es solo un trámite burocrático, es la base para la sostenibilidad y el crecimiento de su operación. Actúen ahora, la oportunidad está sobre la mesa.