La alarmante crisis de desapariciones forzadas en Sinaloa

La cruda realidad de Sinaloa se mide en cifras que estremecen: 2,189 denuncias por desaparición forzada se acumulan en los archivos de la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿qué hay detrás de este número? ¿Quiénes son las personas detrás de cada caso? La investigación revela un sistema de procuración de justicia al borde del colapso, donde cada ministerio público carga con un promedio de 180 expedientes, una carga humana y laboral insostenible.

El Ombudsman estatal, Oscar Loza Ochoa, no duda en señalar la raíz del problema: una derivación directa de la corrupción que durante años infectó a las instituciones. Sin embargo, la pregunta que flota en el ambiente es más incisiva: ¿la disimulación social y oficial ante lo que ocurría permitió que esta crisis alcanzara dimensiones dantescas?

Los datos, fríos e implacables, pintan un panorama desolador. Julio de 2024 se coronó con la tasa más alta: 233 desapariciones reportadas en un solo mes. Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aporta otra cifra clave para entender la magnitud de la tragedia: 1,782 personas asesinadas en el último año. ¿Cómo se interconectan estas dos estadísticas? La línea entre una desaparición y un homicidio suele ser tan delgada como siniestra.

El ritmo de la violencia ha marcado un promedio de 35 asesinatos diarios, llegando a un pico de 182 homicidios dolosos en octubre del año pasado. Aunque agosto cerró con 120, la calma es engañosa. Cada número representa una familia destrozada, una investigación que se estanca y una verdad que se esconde.

Pero la desaparición forzada no es el único delito que se dispara. El robo de vehículos y el asalto a comercios completan un tríptico de violencia que lacera el patrimonio y la seguridad de los sinaloenses. La gran incógnita que autoridades y sociedad deben resolver es qué viene después. Calderón Quevedo plantea la pregunta crucial: ¿estamos preparados para la poscrisis?

La verdadera investigación periodística debe ir más allá de las declaraciones oficiales y las ruedas de prensa. Exige escarbar en los expedientes, buscar a las familias de las víctimas y cuestionar la eficacia de las instituciones. La revelación final no es solo que el sistema está rebasado, sino que sin una inyección urgente de recursos, transparencia y voluntad política, miles de casos podrían quedar en la impunidad eterna, perpetuando un ciclo de violencia y dolor.