Gobierno ajusta decreto de regularización de autos importados

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una revisión estructural del decreto que permite la nacionalización de vehículos de procedencia foránea, una medida que responde a las vulnerabilidades del sistema y los vacíos legales detectados durante su implementación.

“El marco regulatorio sufrirá ajustes sustanciales“, declaró. “El Secretario de Hacienda presentará pronto las enmiendas, integradas en el paquete presupuestario, para corregir las distorsiones generadas por esta política de apertura”.

Inicialmente, el “Decreto para la Importación Definitiva de Vehículos Usados” fue una estrategia para formalizar un mercado paralelo, pero derivó en la proliferación masiva de los llamados autos chocolate, vehículos cuya procedencia y estatus legal son often cuestionables.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha alertado sobre las graves consecuencias: una erosión en la recaudación fiscal, la pérdida de trazabilidad sobre los importadores y la infiltración de capitales ligados al lavado de dinero y el crimen organizado. Guillermo Rosales, director general de la AMDA, fue enfático: “No existe justificación para mantener un decreto que ampara el contrabando y impacta negativamente al mercado formal y al medio ambiente”.

La administración anterior extendió la vigencia de este decreto hasta septiembre de 2026, una decisión que la actual gobierno se ve obligada a reevaluar y modificar para blindar la economía y la seguridad nacional.

El impacto es palpable en los estados fronterizos como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, epicentros de esta actividad, donde las ventas de unidades nuevas se han desplomado, rompiendo con la tendencia positiva del resto del país.

La situación se complejiza con las investigaciones por contrabando que apuntan a Roberto Ruiz Armas, un agente aduanal vinculado a Luis Torres, cuñado de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Desde 2014, Ruiz Armas ha sido señalado como operador de una red de tráfico ilegal de vehículos y mercancías, con operaciones en aduanas clave como Tecate y Mexicali, donde también se investiga presunto tráfico de hidrocarburos.

Este movimiento representa un punto de inflexión en la política de movilidad y seguridad fronteriza, alineándose con una visión de gobierno digital, transparencia y cero impunidad para cerrar el paso a las economías ilícitas.