En un giro argumental que supera a la más alucinante telenovela de narcos, la justicia mexicana ha decidido, con la audacia de quien descubre que el agua moja, que un Vicealmirante y su tripulación de nueve compinches no estaban precisamente pescando atún en las costas de Tampico. No, señores. Su pesca milagrosa consistía en desembarcar, con la precisión de un reloj suizo pero la moral de una pirata, 31 buques cargados no de esperanza, sino de huachicol fiscal, el nuevo oro negro que lubrica las ruedas del Estado.
El honorable juez federal Mario Martínez Elizondo, tras una audiencia maratoniana de 17 horas —que seguramente incluyó un descanso para cafecito y pan dulce—, determinó que estos ilustres miembros de la Armada y la aduana conformaban no un club social, sino una organización delictiva. Su objetivo: no defender la patria de enemigos externos, sino saquearla desde dentro con la elegancia de un buitre en traje de gala.
La trama se engrosa con toques de thriller de bajo presupuesto: el juez desestimó anular las declaraciones de un capitán arrepentido, argumentando que en este sainete ya hubo dos asesinatos para silenciar a los cantantes. Porque nada dice “transparencia institucional” como un par de cadáveres de alto rango. “Puede tener un efecto inhibidor”, musitó el juez con la misma frialdad con que uno comenta el pronóstico del tiempo. Toda una definición de eufemismo judicial.
La defensa, en un alarde de creatividad jurídica, argumentó que no todos los barcos habían descargado crudo ilegal. El juez, en un raro ataque de lucidez, replicó que el punto no era contabilizar cada gota de petróleo robado, sino determinar si existía una banda criminal operando con impunidad institucional. Una herejía legal, sin duda.
El colmo del esperpento llegó cuando los acusados, ya tras las rejas del temible Penal del Altiplano, suplicaron ser trasladados a una cómoda prisión militar. Alegaban que sus nuevos compañeros de celda, al descubrir que eran marinos, les hicieron algunas amenazas poco cordiales. El juez, con una crueldad impropia de un villano de Shakespeare, denegó la solicitud. ¿Acaso una prisión castrense no es el lugar ideal para unos caballeros del mar que solo querían un negocito paralelo?
La lista de procesados es un who’s who del patriotismo de pacotilla: desde el sobrino político del ex secretario de Marina hasta capitanes, comodoros y una vérificadora de mercancías. La única que se libró del encierro inicial fue una empleada embarazada, condenada al suplicio del arraigo domiciliario con brazalete electrónico. Una concesión humanitaria que demuestra que el sistema, en su intrincada maquinaria, aún conserva un reducto de piedad para quienes portan un feto, pero no para quienes portan uniforme y vaciaron las arcas de la nación.
Se les concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Seis meses. Tiempo suficiente para que, en la gran tradición nacional, los papeles se extravíen, los testigos sufran amnesia repentina y el escándalo sea devorado por el agujero negro de la siguiente noticia grotesca. Porque en el gran teatro de lo absurdo que es la lucha contra la corrupción en México, el telón nunca baja, solo cambian los actores.
