Abordar las exigencias de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual representa una oportunidad estratégica para que México resuelva una fricción comercial de larga data y optimice su posicionamiento en la economía digital global.
Sergio Legorreta, socio de FisherBroyles, sostiene que la solución no radica en una reforma legislativa, ya que el marco jurídico actual ya dispone de los protocolos para el aseguramiento de mercancías irregulares. El verdadero desafío es la implementación efectiva y la voluntad política para aplicar estas herramientas con determinación.
Aunque este tema no constituye una amenaza inmediata para la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su atención inmediata funcionaría como una señal de buena fe, crucial para aliviar la presión en la antesala de las renegociaciones previstas para 2026 y fortalecer la confianza entre los socios comerciales.
Legorreta hizo un llamado a la memoria: en 2009, gracias a una colaboración interinstitucional entre la extinta PGR, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aduanas y autoridades locales, México logró incautar un récord de 40 millones de piezas falsificadas. Sin embargo, una posterior interpretación legal que obstaculizaba la detención de productos en tránsito desplomó esos resultados a menos de un millón de piezas anuales.
En la actualidad, pese a operativos puntuales en centros de comercio como Izazaga 89 en la Ciudad de México, el experto critica que no se está atacando el núcleo del problema: el flujo de mercancías falsificadas en los puntos de entrada y salida del país. La inteligencia artificial y el big data son tecnologías subutilizadas que podrían revolucionar la vigilancia aduanera.
“Carecemos de cifras oficiales públicas, pero nuestras estimaciones indican que las incautaciones nacionales no superan los 4 millones de piezas falsificadas anuales, una cifra irrisoria comparada con los 40 millones que se alcanzaron en el pasado”, concluyó.
