Imaginen un sistema diseñado para proteger, pero que en la práctica opera como un filtro de exclusión perfecto. Esta es la cruda paradoja que enfrentan los repartidores y conductores de plataformas digitales en México. Los datos no mienten: de casi un millón de trabajadores potencialmente beneficiarios de la reforma, solo el 10%, un grupo selecto de 113 mil personas, ha logrado sortear los intrincados criterios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acceder a la seguridad social integral.
¿Acaso hemos creado un modelo de protección laboral que protege solo a quienes menos lo necesitan? La política de implementación, lejos de ser un puente hacia la inclusión, se ha convertido en un muro de requisitos que replica las mismas desigualdades que pretendía erradicar. La mayoría, aunque cuenta con una cobertura básica por riesgos laborales, permanece excluida de derechos fundamentales como el acceso a salud, pensiones o guarderías, por no alcanzar el umbral salarial mínimo mensual.
Este no es un simple error de cálculo; es el síntoma de una visión obsoleta que intenta encajar la economía gig en moldes del siglo XX. En lugar de forzar a los trabajadores digitales a cumplir con parámetros diseñados para empleos tradicionales, ¿por qué no disruptimos el concepto mismo de seguridad social? Podríamos diseñar un sistema modular, donde los beneficios se acumulen de manera proporcional al esfuerzo y tiempo invertido, un ‘Netflix de los derechos laborales’ donde cada entrega, cada viaje, contribuya a un paquete de protección personalizado y flexible.
La prueba piloto del IMSS no es un fracaso, es un espejo. Nos refleja la urgente necesidad de pensar lateralmente: en lugar de ajustar trabajadores a leyes, diseñemos leyes que se adapten a las nuevas realidades del trabajo. La verdadera innovación no está en regular plataformas, sino en reinventar la protección para una era donde el trabajo es líquido, flexible y, sobre todo, humano.
