En un acto de deslumbrante genialidad financiera, el Ejecutivo Federal ha decretado que a partir de enero de 2026, el privilegio de pisar el mismo suelo que nuestros antepasados tendrá un precio acorde a su valor incalculable: exactamente 209 pesos. La iniciativa, firmada con mano firme por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es un mero aumento tarifario, sino una sofisticada estrategia para fomentar la cultura mediante el noble arte de la exclusión.
Bajo el eufemismo de “ajustes al derecho por el acceso”, el gobierno transforma los museos y zonas arqueológicas en exclusivos clubes sociales donde la plebe solo podrá entrar tras realizar un significativo sacrificio económico. El patrimonio de la nación, que antes se podía visitar por el irrisorio precio de una cena mediocre, ahora costará lo mismo que una experiencia gastronómica “de autor”, garantizando que solo los paladares más refinados (y bolsillos más abultados) accedan a la sabiduría ancestral.
El argumento oficial —”fomentar y difundir el patrimonio cultural”— alcanza cotas de ingenio satírico que harían ruborizarse al mismo Jonathan Swift. ¿Qué mejor manera de difundir la cultura que poniéndola fuera del alcance del vulgo? La medida constituye, sin duda, una lección magistral de economía conductual: el pueblo valorará más lo que más le cueste, aunque ello signifique que solo podrá admirarlo desde la verja.
La iniciativa introduce además un fascinante sistema de castas culturales. Las categorías I, II y III no se refieren al valor histórico de los sitios, sino a su capacidad de generar ingresos. Para visitas después del “horario normal de operación” —ese momento mágico en que la cultura se vuelve aún más elitista— la tarifa se eleva a la astronómica cifra de 731 pesos, asegurando que solo los más ardientes amantes de la arqueología (o los turistas despistados) puedan disfrutar de un atardecer en Teotihuacán sin la molesta presencia de las clases populares.
La concesión de descuentos del 50% para nacionales y residentes extranjeros es un detalle conmovedor en este opera bufa fiscal. El mensaje es claro: los locales podrán acceder a media cultura, porque la cultura completa es un lujo reservado para quienes puedan pagar el precio completo. Así, el gobierno nos brinda una alegoría perfecta de la democratización cultural en la era moderna: todos tienen derecho a la cultura, siempre que puedan permitírselo.
En esta brillante sátira de la gestión pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se convierte de facto en el mayor revendedor de entradas del patrimonio nacional, transformando siglos de historia en un producto de lujo con precios dinámicos. Mientras tanto, los espíritus de Moctezuma y Pakal deben contemplar atónitos cómo sus palacios y pirámides se cotizan en bolsa.
Al final, la iniciativa revela una verdad incómoda: en el nuevo México progresista, la cultura no tiene precio… pero tiene una tarifa muy bien calculada.
