Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de Estados Unidos revela una operación de alto costo y perfil discreto en Venezuela. A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019, el gobierno estadounidense destina anualmente 10.5 millones de dólares al mantenimiento de su complejo diplomático en Caracas y al pago de una plantilla de 150 empleados locales.
La misión, gestionada de forma remota desde la embajada en Colombia bajo el nombre de “Unidad de Asuntos de Venezuela”, ha incrementado su personal a 21 diplomáticos sin una revisión formal que justifique la expansión. El organismo de control critica la falta de un análisis de costo-beneficio para evaluar la sostenibilidad financiera de mantener propiedades vacías, incluyendo cinco residencias diplomáticas y un complejo de 10.9 hectáreas.
Esta estrategia de presencia encubierta, respaldada por Suiza como potencia protectora, busca salvaguardar los intereses geopolíticos de Washington en medio de una relación externamente hostil con el gobierno de Nicolás Maduro. La operación incluye iniciativas de comunicación digital, como un canal de WhatsApp con alcance mensual a 144.000 personas, pero también enfrenta desafíos de gestión y posibles riesgos de seguridad para el personal local.
El informe, que elogia ciertas iniciativas, también emite siete recomendaciones críticas. Estas abordan desde la gestión de propiedades subutilizadas y los niveles de personal hasta el uso adecuado de software en la nube y una flota de vehículos, señalando una necesidad urgente de modernizar y optimizar la misión para la era de la diplomacia digital y las operaciones remotas.
