En un sublime ejercicio de lo que los entendidos en gobernanza moderna denominan “diálogo comunitario”, los autoproclamados Autónomos de Tila han decidido expedir citaciones domiciliarias con carácter definitivo. El convite, extendido a los miembros del bando rival conocido como los legales, promete una solución permanente y de carácter retroactivo al conflicto agrario, con métodos expeditivos que omiten la tediosa burocracia del sistema judicial oficial.
El detonante de esta ingeniosa iniciativa de cohesión social fue el trágico e inconveniente fallecimiento del comisariado ejidal, José Pérez Martínez, quien tuvo la desconsideración de ser emboscado en una vereda. Naturalmente, semejante afrenta no podía quedar sin una respuesta mesurada y proporcionada: un ultimátum de 72 horas a las autoridades, cuyo incumplimiento conlleva la inmediata activación del protocolo de justicia por cuenta propia, una especialidad de la casa.
Los Autónomos, demostrando una eficacia que envidiarían cualquier servicio de mensajería, se preparan para realizar visitas puerta a puerta en tres comunidades y la cabecera municipal. El servicio, que incluye desaparición y/o asesinato, se ofrece de forma gratuita a todos los representantes del grupo rival, aquellos que ingenuamente creen en conceptos arcaicos como “leyes” y “autoridades”.
Mientras tanto, el bando de los legales, expertos en el arte de la negación plausible, se deslindan con vehemencia del homicidio. Alegan que la zona de la emboscada es, desde hace años, el salón de té exclusivo del grupo paramilitar, un sitio que ellos evitan por considerarlo de mal gusto. Su fe inquebrantable en el Estado de derecho contrasta maravillosamente con la realidad de tener que esconderse de sus vecinos.
El sublime pacto de civilidad firmado en marzo bajo los auspicios gubernamental se revela, ante nuestros ojos atónitos, como el triunfo definitivo de la esperanza sobre la experiencia. ¿Quién podría haber previsto que un acuerdo entre bandos en conflicto armado pudiera colapsar? Desde luego, no el Frente Comunitaria Indígena, que con perspicacia digna de un oráculo griego, advirtió que todo olía a “estrategia de traición”, una especialidad culinaria de la región.
El móvil del crimen, según los rumores más siniestros, no es la disputa por 130 hectáreas de valor incalculable, sino algo mucho más prosaico y humano: el reparto de un botín que el difunto comisariado se negó a compartir. Incluso se rumorea que la viuda podría ser la siguiente en recibir una visita de cortesía, para aclarar el paradero de unos fondos de inversión comunitaria.
Así, en el glorioso México del siglo XXI, la política agraria se debate entre la quema de casas, el desplazamiento forzado de miles y la negociación a punta de fusil. Una alegoría perfecta de la resolución de conflictos donde el único pacto que perdura es el escrito con la punta de un cuchillo.
