La asignación presupuestaria para 2026 esconde una drástica reorientación del gasto pensionario que beneficia a programas no contributivos a costa de los trabajadores que cotizaron toda su vida. ¿A qué responde este cambio de rumbo?
Por primera vez desde 2018, el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación rompe con una tendencia: recorta los montos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las cifras frías revelan una caída del 2.5% para el IMSS y del 2.3% para el ISSSTE.
Este periodista se pregunta: ¿cómo se justifica esta reducción cuando el número de pensionados en estas instituciones crece a un ritmo constante del 3% anual? La narrativa oficial habla de un incremento general del 3.7% en el monto de pensiones, pero los datos desagregados cuentan una historia diferente, una que parece sacrificar el sistema contributivo en el altar del asistencialismo.
Documentos presupuestarios analizados por este medio muestran que las pensiones contributivas, aquellas en las que trabajadores, empresas y Gobierno aportan durante toda la vida laboral, apenas recibirán un aumento del 0.05%. Mientras tanto, la Secretaría del Bienestar verá incrementado su presupuesto pensionario en un 13.5%, alcanzando la cifra de 619,703 millones de pesos.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en un riguroso análisis, califica de “poco creíble” el incremento propuesto para las pensiones contributivas. “Las pensiones deben actualizarse conforme a la inflación y, ante un proceso de envejecimiento acelerado, es inminente el aumento de la generación de transición”, señala el organismo.
La investigación revela una alarmante subestimación en los cálculos gubernamentales. Tan sólo a julio de 2025, el gasto en pensiones contributivas registró un incremento real del 6.6% respecto al mismo periodo de 2024, según el informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Esta discrepancia sugiere either una grave falla en la proyección o una intencionalidad política detrás de las cifras.
El contraste se vuelve más evidente al examinar la partida específica de la Pensión Mujer Bienestar, que se incrementa en un 266% para ampliar la cobertura a 3 millones de mujeres de 60 a 64 años. Mientras este programa se expande dramáticamente, los pensionados que contribuyeron durante décadas ven erosionado su poder adquisitivo.
Las implicaciones van más allá del debate entre pensiones contributivas versus no contributivas. El monto total de 2.3 billones de pesos destinado a pensiones equivale a 2.3 veces el presupuesto de salud, 1.9 veces el de educación y 1.8 veces la inversión física. Esta desproporción, advierte el CIEP, “impide financiar adecuadamente otros derechos, como los de la niñez”.
La verdad oculta que emerge de esta investigación es clara: México enfrenta una encrucijada pensionaria donde las soluciones parche ya no bastan. Las reformas de 2020 y 2024, centradas en esquemas de contribución definida, evitaron abordar el elefante en la habitación: el crecimiento insostenible del gasto vinculado a la generación de transición.
La revelación final es contundente. Este presupuesto no es simplemente un documento técnico: es un instrumento político que redefine silenciosamente el contrato social entre el Estado y los trabajadores, priorizando el asistencialismo inmediato sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social que prometió protección a quienes cumplieron con su parte del acuerdo.
