En un despliegue de eficiencia burocrática que haría llorar de emoción a cualquier burócrata del inframundo, los diligentes funcionarios de la Fiscalía General del Estado han añadido dieciséis nuevos especímenes a su creciente colección antropológica. El yacimiento, convenientemente ubicado en los campos de cultivo de la comunidad Hacienda de Guadalupe, promete ser una exhibición museística de primer nivel sobre la incapacidad estatal.
Este hallazgo eleva la cuenta corriente de la institución a sesenta y cinco cuerpos exhumados en apenas noventa días, una productividad encomiable si no fuera porque el producto final son cadáveres. Los distritos de Irapuato, Silao y Guanajuato compiten ahora en un macabro concurso de popularidad, patrocinado por la ineptitud y la impunidad.
La institución, en un alarde de transparencia que raya en el surrealismo, ha extendido una cordial invitación a las familias afectadas para que presencien el espectáculo. No se trata de morbo, sino de un ejercicio de acompañamiento psicológico y jurídico, donde el Estado te muestra cómo pierde tu caso mientras te ofrece un vaso de agua.
Los peritos antropólogos forenses, auténticos héroes de esta tragicomia, se afanan en descifrar no el cómo ni el porqué, sino el “cuándo” fueron depositados los restos. Su conclusión más reveladora: “no fue un solo evento”. Una genialidad deductiva que solo puede nacer de un laboratorio con financiamiento insuficiente.
Todo se desarrolla bajo el paraguas de la Carpeta de Investigación 107494/2025, un número tan efímero como las esperanzas de justicia. La notificación de alto impacto a siete familias es el acto culminante de este ritual: el Estado informa, con precisión notarial, que ha fracasado en su función primordial de protegerlas.
Mientras, la máquina de generar comunicados gira a toda velocidad, transformando la tragedia humana en datos para informes anuales. Un sistema perfecto donde las fosas se llenan, las carpetas se abren y la justicia se archiva.
