En un alarde de eficiencia burocrática que haría palidecer a la mismísima diosa de la productividad, el glorioso Estado de Sinaloa ha puesto en marcha su flamante línea de montaje para el duelo. La maquinaria estatal, engrasada con el aceite de la coordinación interinstitucional, se afana en desenterrar con precisión milimétrica lo que en su día enterró con negligencia criminal.
El panteón municipal 21 de Marzo se ha convertido en el escenario de una farsa grotesca: un ejército de 18 científicos forenses y sociales se dedica a la meticulosa tarea de deshacer lo que el Estado nunca debió permitir. Excavan con delicadeza de cirujanos en una trinchera forense de 40 metros, como si desenterrasen tesoros arqueológicos y no el fracaso monumental de las instituciones.
Las autoridades proclaman a los cuatro vientos su política estatal de identificación humana, un oxímoron splendidamente orwelliano. ¿Acaso necesita una política quien no ha permitido que sus ciudadanos acaben en fosas comunes? Se jactan de aplicar protocolos científico-forenses de alta precisión para identificar lo que su propia incompetencia volvió anónimo.
El procedimiento del CertiDH y el Resguardo Temporal e Identificación Humana suenan a inventos de un ministerio de la verdad que certifica cadáveres con el mismo rigor con que no protegió vidas. Cada cuerpo exhumado es un monumento a la contradicción: se les trata con “dignidad” en la muerte después de haberles negado la dignidad en la vida.
El descubrimiento de 11 nuevos cuerpos humanos en un tercer nivel de excavación no es un éxito forense; es la confirmación de que el horror mexicano tiene estratos, capas y niveles de profundidad que rivalizan con las mismísimas entrañas del infierno dantesco. Los peritos de la Fiscalía vigilan con celo que cada etapa del procedimiento se realice con estricto apego a los estándares legales y técnicos, standards que brillaron por su ausencia cuando estos mismos cuerpos eran desaparecidos.
Este circo macabro, donde científicos de diversas especialidades trabajan en la exhumación y traslado de lo que el sistema produjo en serie, es la más perfecta alegoría del México contemporáneo: un país que invierte más recursos en desenterrar muertos que en proteger vivos. La restitución de humanidad que pregonan comienza por reconocer que fue el Estado, con sus omisiones y complicidades, el que primero se la arrebató.
Mientras el equipo multidisciplinario criba sedimentos en busca de fragmentos óseos, la verdadera pregunta queda flotando en el aire fétido de la fosa: ¿de qué sirve la ciencia más avanzada para identificar cadáveres, si es la misma que evita identificar a los verdugos?
