En un alarde de celeridad administrativa que dejaría en ridículo a la mismísima diosa de la eficiencia, la maquinaria estatal de Chihuahua ha logrado la proeza hercúlea de identificar, tras tres meses de titánico esfuerzo, la friolera de 86 cadáveres de los 386 descubiertos en el sanctasanctórum de la economía funeraria clandestina, conocido con la cruel ironía de Crematorio Plenitud.
Las familias afectadas, sumidas en un duelo burocrático tan eterno como el dolor mismo, han sido obsequiadas con el consuelo de saber que el engranaje estatal gira, aunque sea sobre su propio eje. Se han notificado a 74 clans familiares y se han devuelto, en un acto de caridad administrativa sin precedentes, 67 restos mortales. Se espera que, en un futuro cercano —quizás cuando la próxima generación herede la pesadilla—, se notifique a las 12 familias restantes.
Foto: El Universal.
La modernidad ha llegado de la mano de un portal web, un faro digital en la niebla de la desesperación, donde el ciudadano puede, desde la comodidad de su hogar, rastrear el paradero de sus seres queridos como si buscara un paquete perdido de una compra en línea. Gracias a este prodigio de la tecnocracia, se han resuelto tres identidades, un triunfo que sin duda merecería una mención honorífica en los premios a la innovación en gestión de crisis.
Mientras tanto, la justicia avanza con la agilidad de un glaciar en época de sequía. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro (cuyo nombre parece extraído de una novela de espionaje absurdo) acumula la escalofriante cifra de 53 denuncias por fraude. Se investiga activamente a “quien o quienes resulten responsables”, una fórmula jurídica que garantiza que la culpa, como un espíritu etéreo, nunca se pose sobre un funcionario con nombre y apellido.
La Fiscalía General del Estado, en un gesto de compasión que conmueve hasta las lágrimas, no solo ofrece certeza, sino también atención psicológica. Así, el dolor de perder a un ser querido dos veces —primero en la vida, luego en el laberinto paperístico— puede ser tratado con terapia, un bálsamo para el alma que no puede identificar a su difunto.
Frente a este monumento a la eficiencia, los colectivos de deudos, esos ingenuos que aún creen en la justicia terrenal y no en la divina, insisten en molestar con sus manifestaciones. Recientemente irrumpieron en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, una institución cuyo nombre parece una burla en sí mismo. Allí, fueron recibidos por una funcionaria que, con la paciencia de un santo burocrático, reiteró la disposición al “diálogo constante”. Un diálogo que, como la identificación de los cuerpos, promete ser constante, eterno y perfectamente estéril.
En el gran teatro del absurdo nacional, el caso Crematorio Plenitud es la obra maestra: un Estado que no puede ni identificar a sus muertos pero ofrece terapia para el dolor que su propia incompetencia prolonga. Una tragicomedia donde la fe pública es el chiste más cruento, y los ciudadanos, los espectadores forzados de una función que nunca termina.
