El Gobierno de Trump Presiona a la Corte Suprema sobre el Estatus Migratorio Venezolano
La administración del presidente Donald Trump ha solicitado formalmente a la Corte Suprema federal una orden de emergencia. Esta medida busca revocar las protecciones legales que actualmente amparan a más de 300.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia interpuso la petición ante el máximo tribunal para suspender una decisión previa de un juez federal en San Francisco. Dicho fallo determinó que el gobierno había actuado de manera incorrecta al terminar prematuramente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos.
Previamente, la corte de apelaciones federal en San Francisco se negó a suspender la resolución del juez de distrito Edward Chen, permitiendo que el caso continuara su curso legal.
Este escenario se repite después de que, en mayo, la Corte Suprema revocara una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350.000 venezolanos cuyas protecciones habían expirado en abril. El máximo tribunal no ofreció una explicación en esa oportunidad, una práctica común en apelaciones de emergencia.
El procurador general D. John Sauer argumentó en el nuevo documento judicial que la orden de mayo de los jueces debería aplicarse también al caso actual. Sauer declaró: “Este caso es familiar para la corte e involucra el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de esta corte en el expediente de emergencia”.
Según su argumentación, el resultado es que la “nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300.000 extranjeros basándose en teorías legales sin mérito”.
La administración Trump ha implementado una estrategia sistemática para desmantelar diversas protecciones migratorias. Esta política incluye la finalización del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos que recibieron protección durante la presidencia de Joe Biden. El TPS se concede tradicionalmente en períodos de 18 meses.
El Congreso estadounidense estableció el programa TPS en 1990 con el objetivo de prevenir deportaciones a países que enfrentan desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones extremadamente peligrosas. La designación de TPS corresponde al secretario de Seguridad Nacional.
El juez Chen determinó en su fallo que el Departamento de Seguridad Nacional actuó “con premura sin precedentes y de una manera sin precedentes… con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela”.
