Una investigación periodística persistente ha desentrañado los vínculos del director de Infraestructura Educativa del Gobierno de Baja California, Javier Robles Aguirre, con una sofisticada red empresarial que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado como un brazo financiero del Cártel de Sinaloa.
Los documentos mercantiles, consultados para esta investigación, revelan que Robles Aguirre es socio fundacional de la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, constituida el 17 de abril de 2013. Pero, ¿qué papel desempeña un funcionario público en una compañía ahora señalada por las autoridades financieras internacionales? La pregunta queda flotando, sin una respuesta oficial.
La trayectoria del funcionario añade capas de complejidad al caso. Robles Aguirre, quien fungió como Alcalde de Playas de Rosarito entre 2010 y 2013, ocupa ahora un cargo clave en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila de Morena. Su presencia en el gobierno estatal levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés y la infiltración de intereses oscuros en las esferas públicas.
El hallazgo más contundente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala a otro socio de la empresa, Jesús González Lomelí, identificado sin ambages como un operador financiero de alto rango para el cártel. La investigación describe a González Lomelí como un magnate con una red de al menos catorce empresas, aparentemente legítimas, que servían como fachada para lavar capitales de origen ilícito.
La madeja se enreda aún más al aparecer otro nombre conocido en la órbita de esta estructura: la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, quien también fue alcaldesa de Playas de Rosarito. La repetida conexión con el mismo municipio y el mismo part político plantea un patrón inquietante que demanda una investigación profunda e imparcial.
Ante las graves acusaciones, este medio buscó la versión de Javier Robles Aguirre a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación estatal. Sin embargo, la solicitud de entrevista y derecho de réplica se encontró con un silencia ensordecedor, una falta de respuesta que solo incrementa la opacidad y las dudas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones. Las verdades completas aún esperan ser descubiertas.
