En un giro cómico que Jonathan Swift hubiera enmarcado en su colección de Modestas Proposiciones, el Gran Norte ha decidido, en un arrebato de benevolencia sin precedentes, revisar que sus propias empresas no conviertan el territorio nacional en un paisaje postapocalíptico. La Presidenta Claudia Sheinbaum, visiblemente emocionada, narró el episodio como si se tratara del primer capítulo de un idilio diplomático, describiendo al Primer Ministro Mark Carney como “un hombre muy sencillo de trato muy amable”, cualidad que, al parecer, es el requisito fundamental para no envenenar los ríos.
Sheinbaum y Carney, en una imagen que promete más de lo que la historia suele entregar.
El estadista canadiense, en un acto de generosidad que roza lo milagroso, no solo ofreció garantizar que las corporaciones de su nación acaten las normativas ambientales –un concepto revolucionario para el sector–, sino que además, solicitó con candor un listado de las transgresoras. Es decir, después de casi dos décadas de documentada devastación ecológica por parte de compañías como Blackfire Exploration, el gobierno de Ottawa ha requerido formalmente que México le haga la tarea de identificar a los malos de la película, para luego, desde la comodidad de sus oficinas, pedirles por favor que dejen de contaminar el agua con cianuro y metales pesados. Una estrategia de disuasión formidable, sin duda.
Mientras tanto, en el frente interno, la administración sheinbaumista también se encuentra enfrascada en una titánica cruzada por la justicia. Con un segundo paquete de leyes secundarias para la reforma al Poder Judicial, se promete acelerar la justicia y evitar los abusos de los deudores fiscales. La premisa es tan noble como ingenua: modernizar la justicia mediante plazos perentorios y notificaciones digitales, en un país donde la impunidad es often más rápida que un trámite burocrático. Se propone, en un alarde de precisión quirúrgica, que ningún juez otorgue un amparo a una empresa que evidentemente ha cometido un fraude al erario. La pregunta que flota en el aire, tan pesada como el humo de una fundidora ilegal, es: ¿quién define esa “evidencia” en un sistema judicial famoso por sus claroscuros?
La consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, detalló con entusiasmo la homogeneización de delitos y la incorporación de “nuevas herramientas” para una justicia expedita. Sin embargo, en esta sátira del poder, uno no puede evitar preguntarse si la verdadera modernización no consistirá en hacer digital y eficiente el mismo circo de siempre, pero con una mejor conexión a internet. Se establecen plazos, se protege la identidad de los jueces y se congelan cuentas, todo mientras el ciudadano común espera que el nuevo sistema no sea tan solo una fachada digital para la misma vieja farsa.
En resumen, asistimos a un día glorioso donde las promesas de minería sustentable provenientes de los mayores depredadores ambientales se dan la mano con reformas judiciales que prometen milagros por decreto. Un espectáculo de realismo mágico institucional donde la línea entre el progreso genuino y la parodia absoluta se difumina más que los estándares de calidad del agua cerca de una mina a cielo abierto.
