En mis años cubriendo la justicia y los procesos legislativos, he aprendido que una ley aprobada no es sinónimo de una ley aplicada. El caso de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura en Jalisco es un ejemplo clásico de cómo el último paso, la publicación en el Periódico Oficial, se convierte en un embudo donde las prioridades políticas y la burocracia suelen estancar los avances más urgentes.
Tras una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Legislativo estatal actuó con relativa celeridad y aprobó la creación de este órgano especializado el pasado 29 de mayo. La experiencia me dice que estos mandatos judiciales suelen ser el único catalizador efectivo para mover la maquinaria legislativa. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proceso requería un aval adicional: el de al menos 63 de los 125 Ayuntamientos del estado. Contra todo pronóstico, un logro que muchos consideraban improbable se materializó y fue validado por el Congreso el 27 de agosto.
He sido testigo de cómo este momento de triunfo legislativo suele ser efímero. La minuta del decreto, ese documento físico que simboliza la voluntad convertida en norma, yace en un limbo administrativo. Sin su publicación en el diario oficial, el reloj de los 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias ni siquiera ha comenzado a correr. Es como construir un hospital y olvidarse de contratar a los médicos; la estructura está, pero carece de vida operativa.
Las declaraciones del coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, son el eco de una cantinela que he escuchado demasiadas veces: “nosotros cumplimos con nuestro proceso legislativo”. Es la clásica passing the buck, el deslinde de responsabilidades que deja la pelota en la cancha del ejecutivo estatal. La pregunta que flota en el aire y que los colectivos de víctimas se hacen todos los días es: ¿cuál es la razón real detrás de este retraso? ¿Simple negligencia o una resistencia soterrada a dotar al estado de herramientas robustas contra la impunidad?
Lo más grave, y esto es algo que he visto frenar proyectos de ley enteros, es el efecto dominó. Este estancamiento está bloqueando indirectamente el avance de otra iniciativa crucial: la creación de una Fiscalía Especial en materia de personas desaparecidas. En la práctica, esto se traduce en más tiempo de angustia para las familias y más oportunidades para que se enfríen las pesquisas. La lección que deja este episodio es clara: la verdadera batalla por los derechos humanos no solo se gana en las sesiones de pleno, sino en los tediosos pasillos de la administración pública, donde un sello sobre un papel puede marcar la diferencia entre la justicia y el olvido.
