Una investigación persistente ha logrado documentar el clamor de los industriales del Estado de México, quienes han elevado una petición formal al gobierno federal para establecer barreras a las importaciones chinas. La petición no surge de la nada; es el resultado de años de observación minuciosa de un patrón que está diezmando sectores estratégicos como el farmacéutico, el plástico, el metalmecánico, el químico y, de manera dramática, la industria del juguete y el calzado.
¿Qué hay detrás de esta súplica? La respuesta parece encontrarse en el municipio de San Mateo Atenco, una comunidad donde la vida gira en torno a la fabricación de calzado. Allí, la evidencia es contundente: el 90% de las familias dependen de este oficio, ahora amenazado por un flujo constante de productos asiáticos. Pero, ¿es solo una cuestión de precio, o existen mecanismos más oscuros en juego?
En declaraciones exclusivas, José Luis Urrutia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aplaudió las iniciativas para proteger la planta productiva nacional. “No es un problema reciente”, advirtió Urrutia con un escepticismo que delata años de lucha silenciosa. “Llevamos décadas documentando el impacto. Tenemos reportes de múltiples sectores golpeados por prácticas de competencia desleal provenientes de Asia”.
El caso de la industria química mexicana es particularmente revelador. Urrutia lanza una pregunta incisiva que conecta puntos aparentemente inconexos: “¿Cuántas plantas químicas se han inaugurado en México en los últimos 40 años? La pregunta correcta es: ¿cuántas han cerrado?”. Esta reflexión no es retórica; es la punta de un iceberg que sugiere un desmantelamiento progresivo de la capacidad productiva nacional frente a la entrada masiva de materias primas chinas.
La investigación profundiza y descubre la estrategia clave que los empresarios planean ejecutar. En los próximos días, buscarán un acercamiento con la Secretaría de Economía. Sin embargo, este no será un diálogo superficial. Su objetivo es exponer casos específicos, meticulosamente documentados, que evidencien no solo las afectaciones, sino también las sospechosas prácticas de subvaluación en las aduanas mexicanas.
“Hemos buscado de manera puntual un diálogo con la Secretaría de Economía para presentar casos concretos, con soporte técnico”, insistió Urrutia, revelando una capa más profunda del problema. La acusación es grave: existen importadores que, para un producto con un impuesto de importación del 30%, declaran sistemáticamente un valor muy por debajo del real, evadiendo fiscalmente y creando una condiciones de mercado imposibles para los productores locales.
La conclusión de esta indagación periodística es clara: la petición de los empresarios mexiquenses va más allá de un simple proteccionismo. Es un llamado a investigar una red de prácticas que, de confirmarse, constituirían una competencia ilegítima, poniendo en jaque la soberanía industrial de México y la estabilidad económica de comunidades enteras. La verdad oculta no es solo el volumen de las importaciones, sino los opacos mecanismos que las hacen posible.
