Un Gesto que Interpela a la Historia
Por primera vez en sus décadas de existencia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interrumpió su ritual jurisdiccional para guardar un minuto de silencio. El motivo: el 57 aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. Este acto, aparentemente simbólico, plantea una pregunta incisiva: ¿por qué el máximo tribunal de la nación esperó casi seis décadas para realizar un homenaje oficial a las víctimas?
La investigación revela que la iniciativa partió de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien, al término de una sesión ordinaria, propuso al pleno este reconocimiento. Sus palabras, recogidas en el acta, no eludieron la verdad histórica: “El Estado mexicano… reprimió una manifestación estudiantil”. Esta declaración oficial dentro de la sede del Alto Tribunal contrasta con el silencio institucional que prevaleció durante generaciones. ¿Qué documentos o testimonios impulsaron este cambio de postura en la cúpula judicial?
Mientras esto ocurría en los confines del poder judicial, en la Plaza de las Tres Culturas, epicentro de la tragedia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconocía la incansable labor del Comité del 68. Su discurso conectó los puntos de una narrativa que algunos sectores aún intentan presentar como un hecho aislado. Brugada lo definió como el “desenlace brutal” de un movimiento que había encendido una llama democrática que el “viejo régimen” no estaba dispuesto a tolerar. ¿Estamos ante el inicio de una nueva narrativa estatal sobre los eventos de 1968?
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el tribunal no debe olvidar estos acontecimientos en su búsqueda permanente de justicia. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿este acto de memoria es el preludio de acciones jurídicas concretas para esclarecer las responsabilidades intelectuales y materiales de lo que ha sido reconocido como un crimen de lesa humanidad?
La revelación fundamental de este 2 de octubre no es solo el homenaje, sino la fractura de un silencio institucional de 57 años. Dos escenarios, el judicial y el gubernamental, convergieron en un mismo reconocimiento: la deuda histórica con la verdad y la justicia. Este acto sienta un precedente que obliga a una reflexión profunda: la memoria, cuando es asumida por las instituciones del Estado, deja de ser una consigna de la sociedad civil para convertirse en un compromiso irrevocable con la no repetición.
