Una Defensa que Genera Más Preguntas que Respuestas
En un contundente comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el liderazgo de Rosario Piedra Ibarra, ha salido al paso de las críticas, asegurando de manera enfática que no encubre a autoridad alguna y que las cifras sobre desapariciones forzadas no son objeto de ocultamiento ni maquillaje. Pero, ¿esta declaración oficial disipa las sombras de duda o, por el contrario, las intensifica?
La institución afirmó actuar con absoluta transparencia y honestidad. Sin embargo, esta proclama de rectitud choca frontalmente con la opinión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, un organismo al que la propia CNDH descalificó, argumentando que su postura no representa a la comunidad internacional y está sujeta a debate. ¿Por qué un organismo nacional de derechos humanos adoptaría una postura tan confrontatoria frente a una instancia global especializada?
La investigación periodística revela una capa más profunda en este entramado. Mientras la CNDH habla de un entramado jurídico fortalecido, una coalición de organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas presentó un informe paralelo ante el CED. Este documento, un testimonio colectivo de desesperación y exigencia de justicia, solicita explícitamente “la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento”. Esta petición surge de una realidad incontrovertible: la percepción de que las instancias locales son insuficientes o, peor aún, omisas.
La narrativa oficial insiste en que existe una agenda mediática para presentar una visión “acotada y políticamente interesada”. No obstante, los hechos sobre el terreno cuentan una historia diferente. La petición de un organismo internacional independiente no es un capricho, sino la consecuencia lógica de una crisis humanitaria que ha superado la capacidad de las instituciones nacionales. Los miles de cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país son un mudo y elocuente testimonio de esta tragedia.
La conclusión que se impone tras conectar estos puntos es alarmante. La defensa de la CNDH, en lugar de cerrar el caso, abre una línea de investigación crucial: la brecha abismal entre el discurso institucional y la experiencia vivida por las víctimas. La verdadera historia no es la negación de las cifras, sino la lucha desesperada de miles de familias por encontrar a sus seres queridos en un sistema que, pese a sus declaraciones de fortaleza, no ha podido detener esta crisis ni garantizar la justicia.
