Una Experiencia en Retroceso: La Realidad de la Afiliación Obligatoria
En mi larga trayectoria analizando los mercados laborales en México, he sido testigo de cómo las buenas intenciones legislativas a menudo chocan con una realidad compleja. El reciente caso de la afiliación de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un ejemplo paradigmático.
Los datos fríos son elocuentes: en lo que va de este año, el IMSS ha visto cómo 8 mil 786 trabajadoras del hogar abandonaron el registro. Esto no son solo números; representan a miles de mujeres que han perdido el acceso a servicios de salud, a una pensión y a una protección fundamental. He hablado con muchas de ellas, y la desconexión entre la ley y su aplicación diaria es abismal.
Recuerdo cuando, en mayo de 2023, la reforma que hizo obligatoria la inscripción generó un optimismo cauteloso. Se logró un incremento significativo, alcanzando 59 mil 313 afiliaciones. Parecía el inicio de un nuevo capítulo de derechos para este sector históricamente vulnerado. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que un pico inicial no garantiza la sostenibilidad.
La cruda realidad, confirmada por las cifras más recientes, es que hoy tenemos 56 mil 170 personas registradas, una cifra incluso inferior a la de hace más de dos años. Esto significa una reducción neta de 3 mil 143 trabajadoras desde que la afiliación se volvió obligatoria. La lección es clara: la coerción legal por sí sola es insuficiente si no se acompaña de accesibilidad, claridad y, sobre todo, de un valor tangible y evidente para las trabajadoras y sus empleadores.
Observando la tendencia mensual de 2025, se percibe un patrón de deserción persistente. Tras comenzar enero con 64 mil 956 afiliadas, el número ha fluctuado a la baja casi ininterrumpidamente, cerrando septiembre en su punto más bajo. He visto este fenómeno antes: cuando los trámites son engorrosos, los costos se perciben como altos o los beneficios no se comunican efectivamente, el sistema informal termina siendo la opción más “práctica”, aunque sea profundamente injusta.
La conclusión, forjada a partir de años de observar estas transiciones, es que México aún tiene una deuda pendiente con sus trabajadoras del hogar. No basta con decretar una obligación; se requiere una estrategia integral que facilite el proceso, eduque sobre los derechos y combata la cultura de la informalidad que tanto daño hace. La verdadera formalización va mucho más allá de un registro; se trata de integrar con dignidad a un sector esencial de nuestra economía.