“El efectivo puede ensuciar las manos, pero el dinero digital ensucia la libertad.”
Dicen que el dinero no tiene olor, pero el nuevo proyecto digital del gobierno huele a control, a rastreo y a un Estado que quiere tener GPS hasta en el menudo que pagas en la esquina. Claudia Sheinbaum lo anunció con una sonrisa tecnócrata: México dará el salto a la digitalización de pagos, buscando reducir el uso de efectivo y “modernizar” la economía. Lo que no dijo —al menos no tan claro— es que el efectivo también representa libertad: la posibilidad de mover, guardar o compartir sin que nadie te ponga una lupa encima.
Detrás del discurso de eficiencia, transparencia y tecnología se esconde una jugada mayor. En el laboratorio financiero del gobierno, la digitalización del dinero no solo busca comodidad, sino trazabilidad total. Cada transacción dejaría huella. Cada peso tendría historia. Y el Estado —ese que no logra encontrar a los corruptos con carpetas completas— tendría ahora el poder de seguir cada centavo que gire dentro del sistema. La pregunta es obvia: ¿buscan combatir la evasión o vigilar al ciudadano?
El modelo no es nuevo. China lo hizo con su yuan digital, Brasil con su sistema Pix, y Estados Unidos ya explora versiones reguladas de stablecoins. En todos los casos, el discurso fue el mismo: inclusión financiera y progreso. Pero en la práctica, las monedas digitales son una herramienta de control político y fiscal tan poderosa que redefine la relación entre el Estado y la libertad individual. Imagina un sistema donde el gobierno pueda congelar tus fondos por “error”, limitar lo que compras o rastrear tus aportaciones políticas con precisión quirúrgica. Suena a ciencia ficción, pero es solo cuestión de decreto.
El plan de Sheinbaum se amarra con la llamada Ley Nacional de Digitalización y Simplificación, una propuesta que busca que todo trámite, documento y registro se vuelva digital. En apariencia, es un paso lógico hacia un país más ágil. En el fondo, es el terreno fértil para la moneda digital: una base de datos donde la vida del ciudadano se convierte en expediente abierto. Un México sin efectivo puede sonar moderno, pero también podría ser un México sin privacidad.
Mientras tanto, el Banco de México observa con prudencia, porque una moneda digital emitida por el Estado implicaría reescribir la arquitectura monetaria nacional. Si cada peso puede ser monitoreado, ¿qué queda de la autonomía del banco central? Y más importante: ¿quién controla al que controla el dinero?
Porque, al final, no se trata solo de tecnología, sino de poder. Y el dinero, aunque sea digital, sigue siendo el reflejo más crudo de quién lo tiene… y quién decide cómo se usa.
Columna elaborado por
La sombra desde la banqueta