HERMOSILLO, Son.- En un sublime ejercicio de eufemismo burocrático, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha “confirmado” lo que cualquier ciudadano con dos dedos de frente ya sabía: el suelo mexicano es un fértil campo de cultivo para el crimen organizado, cuya última cosecha asciende a sesenta cuerpos convenientemente dispuestos en un predio de la carretera 26. Una cosecha, eso sí, meticulosamente recolectada entre finales de enero y principios de febrero, porque hasta la muerte tiene su calendario de temporada.
El mérito de este macabro descubrimiento, por supuesto, no recae en las bien aceitadas instituciones del Estado, sino en el colectivo Buscadoras por la Paz, esas mujeres tenaces que, armadas con palas y una desesperación infinita, hacen el trabajo que el aparato estatal es incapaz de realizar. Mientras los funcionarios redactan comunicados, ellas desentierran la vergüenza nacional.
En un comunicado digno de un manual de relaciones públicas, la Fiscalía explicó con pomposa solemnidad que, tras este hallazgo que hiela la sangre, se ha “avanzado significativamente” en el proceso judicial contra los responsables. Traducción: han logrado detener a cinco cabezas de turco con apodos de villano de telenovela, entre ellos el memorable “El Siete”, mientras los verdaderos capos continúan su reinado de terror desde sus oficinas con aire acondicionado.
Las investigaciones apuntan, con la precisión de un dardo lanzado con los ojos vendados, a que estos homicidios están vinculados a “ajustes de cuentas” dentro del crimen organizado. Qué eufemismo tan delicioso para describir la carnicería institucionalizada que campa a sus anchas por el territorio. Dos personas más tienen órdenes de aprehensión por homicidio y desaparición forzada, pero seguramente están de vacaciones en alguna playa paradisíaca, gracias a las eficientes fichas de colaboración que circulan entre instancias federales y locales como papeles de lotería.
La FGJE, en un gesto que raya en lo milagroso, confirmó que todos los cuerpos fueron identificados mediante pruebas científicas y entregados a sus familias. Algunas víctimas tenían varios años desaparecidas, pero finalmente la burocracia forense ha concedido el permiso para llorarlas oficialmente. La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con la investigación, ese mantra repetido hasta la náusea que significa: “seguiremos contando cadáveres mientras ustedes sigan votando”.
